La mejor política social, el trabajo

Chocolate por la noticia dirán algunos. No obstante lo cual parecería que lo del título recién es descubierto por nuestros gobernantes, al calor (o frío) de la situación generada en el país, luego de la crisis largamente incubada y finalmente desatada por los banqueros ladrones y consentidos por el poder. Tal la impresión que se desprende de las palabras del ministro de Economía, en un reciente reportaje televisivo, vertidas como corolario sobre las interrogantes planteadas referidas a la necesidad de trabajo de los uruguayos. Preocupación que compartió como un uruguayo más –orgulloso de serlo por añadidura– afirmando, sobre el final, que las políticas sociales deben formar parte de la política económica, que no deben ser independientes de la misma. Fue una afirmación «in abstracto», no referida necesariamente al gobierno que integra –a la vista está– pero fue la afirmación más clara del ministro –especialista mayor del «ni» entre los políticos tradicionales–, en más de media hora de conversación con el periodista.

Por otro lado, días atrás, un senador colorado, durante una polémica sobre la ley de Ancap, cuantificó en 50 millones de dólares aproximadamente la pérdida de la empresa estatal por sus negocios en la Argentina, frente a los 250 millones estimados por el senador opositor con el que debatía. Suponiendo que la pérdida hubiera sido –nada más– que esos 50 millones de dólares, dicha cantidad hubiera posibilitado al Estado dejar de cobrar la mitad del adicional del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), en la franja de ingresos de hasta $ 7.000, tomando las declaraciones del ministro en el programa referido, cifrando en 110 millones de dólares el monto de lo recaudado por ese concepto. Anotamos ello al pasar, aun cuando apuntamos a otra cosa con estas reflexiones.

La epidemia neoliberal

Hace muchos años titulé una nota «Arinsa y la epidemia neoliberal», en momentos en que, no solamente no prosperaban los intentos por reabrir aquella fábrica cerrada, sino que comenzaba a notarse la propagación de la denominada «epidemia» en toda la industria nacional instalada. La política económica –implantada treinta años ha y hasta ahora continuada– contagió finalmente a todo el aparato productivo, con las consecuencias por todos hoy lamentadas. Incluso por quienes, como el ministro de Economía, han sido entusiastas impulsores desde el Parlamento de dicha política. Ante los estragos sufridos por el cuerpo social, los implementadores y defensores de la política económica neoliberal comenzaron a intensificar las denominadas políticas sociales, no asociando la mayor demanda en este ámbito con el daño producido por aquella política económica. Hasta que ahora llega –expresa y/o tácitamente– ese reconocimiento.

Escuchando hablar al senador sobre los 50 millones de dólares de pérdidas de Ancap, en Argentina, se puede pensar en cuánto se hubiera podido aliviar la carga impositiva con ese dinero, como dijimos precedentemente, pero más aun la mejoría y ampliación en el ámbito de las políticas sociales. La creación de más de 40.000 puestos de trabajo, a 100 dólares mensuales, por un año, no serían poca cosa en estos momentos. Pero, lamentablemente, ese dinero se fue en los malos y/o desafortunados negocios realizados por la dirección de la empresa. No obstante, si quienes nos gobiernan comienzan a reconocer que las políticas sociales no conforman un universo aparte, disociado de la caducidad laboral en que estamos inmersos, quizás podamos tener la mínima esperanza del apoyo gubernamental –que puede expresarse en mil formas diferentes– a actividades generadoras de puestos de trabajo.

Solamente esos 40.000 puestos de trabajo de que hablamos –directos e indirectos– se perdieron en la agroindustria azucarera, según surge de un informe de Comisión del Senado que tengo a la vista. Si observamos las zonas del país donde desaparecieron encontramos que, fuera de Montevideo, son lugares donde existen mayores demandas por necesidades básicas insatisfechas, incluido el techo, con su secuela de proliferación de asentamientos. Fruto de concepciones que quieren hoy «cañonear» el Hospital de Clínicas y la Torre de Antel, así como querían ayer «bombardear» un ingenio azucarero.

Aun cuando estuviere probado –que no lo está– la inviabilidad de aquella cadena agroindustrial para abastecer el mercado interno, ella era, en sí misma y sin pretender serlo, una expresión de política social vinculada a lo económico y productivo, tal como parecería querer asumirse ahora. Sin duda, la demanda de comedores y merenderos, así como la proliferación de asentamientos irregulares, bajaría sensiblemente en las zonas de influencia de la agroindustria azucarera, funcionando a pleno.

Finalmente, lo mismo se aplica para otros sectores. Esos 50 millones de dólares que perdió Ancap en Argentina, por ejemplo, que eran del Estado uruguayo y de la sociedad uruguaya –dueños de al empresa– podían haber contribuido al capital de giro de Vidrierías del Uruguay, o de Funsa, o para cancelar las garantías prendarias de Sudamtex. Así es como creo entender las políticas sociales integradas en la política económica, superando el asistencialismo. *