El Vaticano a contramano

Desde hace más de una década los países europeos vienen adoptando diversas fórmulas de reconocimiento de las parejas homosexuales, sea equiparándolas en derechos al matrimonio o en la más limitada versión de uniones civiles. El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa refrendaron esta tendencia, con un explícito pronunciamiento a favor de la legalización de esas uniones.

En América Latina, la Ciudad autónoma de Buenos Aires es la primera, y hasta ahora la única, que reconoció la unión civil de parejas con independencia del sexo de los llamados «unientes».

Uruguay no ha avanzado tanto, pero hay síntomas auspiciosos. El 29 de julio pasado el Poder Ejecutivo promulgó una ley que modifica el Código Penal para incluir pena de prisión a quien cometa actos de violencia física o moral contra personas por su identidad u orientación sexual, o incite al odio o al desprecio de ciudadanos por tales motivos.

Por su parte, un Tribunal de Apelaciones en lo Civil acaba de sentar un precedente jurisprudencial que abre camino al reconocimiento de las parejas homosexuales. Aceptando el afecto mutuo como fundante de un vínculo legítimo, más allá del sexo de las personas, confirmó una sentencia de primera instancia del juez Rubén Eguiluz, que hace lugar a la indemnización por daño moral reclamada por el compañero de un hombre que murió en un accidente de tránsito producido por culpa de un tercero.

Si el Derecho es un regulador de conductas sociales, que debe ser sensible a su evolución y transformaciones, los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con orientación homosexual no serían más que una lógica consecuencia de la coherencia en su función.

En términos de convivencia social, y sin perjuicio de la persistencia de reservas más o menos explicitadas y aun de nichos de rechazo frontal, la homosexualidad ha ido adquiriendo progresiva visibilidad y aceptación. Esta es la realidad, aunque los sectores más conservadores, con el Vaticano a la cabeza, se empeñen en negarla.

Con energía digna de mejores propósitos, este singular Estado se atrinchera en una concepción arcaica de familia heterosexual, reducida en sus fines a la procreación para la conservación de la especie humana. Por eso, en el documento titulado «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales», que acaba de dar a conocer la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio), insiste en negar valor social a esas uniones, ya que «no desempeñan ni siquiera en sentido analógico remoto las tareas por las cuales el matrimonio y la familia merecen un reconocimiento específico y calificado».

Esta postura no es nueva, y suma en la lista de censuras vaticanas, que incluyen las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el uso de métodos anticonceptivos, la práctica del aborto, etc. Pero últimamente el Vaticano ha ido más allá, y se afana en orientar la actuación pública de los políticos católicos (aunque existen, las políticas no las menciona en sus documentos), a quienes hace poco dedicó un exhaustivo manual de conducta, y ahora exhorta a no cometer el acto «gravemente inmoral» de legalizar de algún modo a las parejas gay.

Trascendiendo las fronteras del liderazgo espiritual, único aceptable y sólo respecto de su comunidad confesional, la jerarquía católica invade así esferas laicas, de Estado y de gobierno, despreciando los principios democráticos según los cuales la representatividad de los electos no está en función de sus convicciones religiosas, sino de su potencial capacidad para velar por el bien común de sociedades que albergan concepciones éticas y morales diversas.

Claro que la marcha a contramano del Vaticano no es inocente. En un mundo unipolar, los fundamentalismos –no sólo el católico– encuentran terreno fértil para plantar banderas que refuerzan un control social atropellador de diversidades y disensos. De la masa crítica que sean capaces de contraponer los pueblos, depende el conjuro de estas fuerzas retrógradas y oscurantistas que actúan al amparo de interesadas complicidades políticas. Las frágiles democracias latinoamericanas, con sus sociedades sumergidas en una pobreza creciente y la amenaza latente que supone la dependencia económica del Norte poderoso, están en zona de particular riesgo. *