La consulta democrática inquieta al poder

Las primeras actitudes de los defensores de la ley de Ancap pueden sorprender al ciudadano no bien informado. Por un lado, el insólito anhelo herrerista de proscribir al Presidente Batlle en el debate. Evitar que hable. Deslindar la defensa de la ley del juicio que al ciudadano le puede merecer la gestión de gobierno. El sueño de Lacalle difícilmente tendrá realización. El doctor Batlle es hablador y hay que reconocer que le asiste el derecho a defender sus ideas plasmadas en esta ley hoy sometida al juicio de la ciudadanía.

Además, ¿bastaría con enmudecer a Batlle? ¿Qué hacer, por ejemplo, con las declaraciones públicas del ministro Lucio Cáceres, que hace unos días, en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, defendió la privatización del Puerto de Maldonado? Y lo hizo después de admitir que era un puerto que daba ganancia. Aunque ganara más plata, agregó, él por ideología estaba dispuesto a entregarlo a la actividad privada. Demos por buena la invocación «a las razones ideológicas», ¿es de esa perspectiva que los defensores de la ley aspiran a impulsar el debate?

A estos enfoques se han agregado otros, no menos interesantes. Por ejemplo las palabras del ex presidente Julio María Sanguinetti que aprovecha para exaltar las virtudes del Partido Colorado como garante de la institucionalidad, como si no hubieran sido elegidos por ese lema los principales responsables de la gestación del proceso autoritario y como si no hubiera sido colorada buena parte de los ministros y de los consejeros de Estado que dieron apoyo y cobertura a la dictadura cívico-militar.

Para Sanguinetti llevar adelante un debate sobre la ley debe circunscribirse estrictamente a los términos de la norma impugnada.

Salirse de la exégesis jurídica, del debate entre unos bien informados especialistas que además de la ley tienen que conocer las actuaciones, compromisos y perspectivas diseñadas por el Directorio, salirse de eso, decíamos, para Sanguinetti es acudir a argumentos «terroristas». Como es habitual en este neopachequismo que nos dispensa, Sanguinetti corta grueso, con la prosa amenazante de otrora.

Los dicterios de Sanguinetti ¿impedirán que el debate se encare desde una perspectiva amplia?

Cuando se deja tanto por hacer sobre el futuro de Ancap en manos de las autoridades actuales consustanciadas, como lo ha dicho Lucio Cáceres, con la ideología privatizadora propia del neoliberalismo, los que impugnan la ley ¿se abstendrán de esgrimir esa razón porque Sanguinetti sostenga que ese es un razonamiento que no es válido o que se trata de un argumento terrorista? Creemos que no.

Finalmente, el prosecretario de la Presidencia de la República, Leonardo Costa, ha expuesto en estos días su preocupación por lo que él cree que sería el «efecto bumerán» que se volvería contra los que hoy impulsan este referéndum. Cuando gobierne (la izquierda) se topará con las dificultades de los rejuntes de firmas impulsados por una maquinaria proselitista destinada a mantener a la gente activa, sostiene.

Las palabras de Costa recuerdan los reproches que hace 100 años se le endilgaban a Batlle y Ordóñez por las derechas conservadoras blancas y coloradas. El batllismo, decían, vive llamando a la movilización, es el mal de San Vito aplicado a la política.

La práctica de la democracia directa, incorporada a la Constitución de la República a partir de una reforma impulsada por los señores Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, conlleva un factor positivo en el afianzamiento de la democracia.

Es posible que cuando acceda al gobierno un elenco progresista existan iniciativas ciudadanas apuntadas a ese tipo de consulta. Todo parece indicar, y sería deseable que así fuera, que los nuevos elencos tendrán frente a las demandas provenientes de la sociedad una actitud de comprensión y de apertura, permitiendo que el pueblo delibere y decida. Sin miedo a la democracia. *