Incrementos salariales en el sector público

En el Uruguay de hoy existen muchos conceptos que, lamentablemente, siguen distorsionados. Cuestionamientos que están en la esencia misma de nuestro desarrollo como sociedad y que son resultado de la nefasta acción del gobierno que, entre otras cosas, logró una absurda división entre los uruguayos. Ha ganado terreno en algunos sectores una división entre funcionarios estatales, a los que se les endilga el «privilegio» de una discutible estabilidad, y trabajadores del sector privado. A los primeros se los responsabiliza de todos los males en razón del excesivo peso que tiene este Estado «gordinflón».

Todo ello abonado por una insidiosa política presidencial, que desde el comienzo mismo de esta gestión mostró las distorsiones salariales existentes, no para solucionarlas, sino para enrarecer el ambiente. Batlle fue el que incubó el concepto de que no es posible que un portero de un banco gane cinco veces más que un maestro y otros ejemplos del mismo porte. Pero el mismo Batlle es el que autorizó la existencia de otras distorsiones más afrentosas y, además, teñidas de politiquería barata.

Entre los muchos coletazos que son expresión de esa política hoy queremos ocuparnos de uno que está en el centro de la atención y que logra el estrellato cada vez que se deben definir incrementos salariales para un sector de trabajadores estatales.

Ayer se discutía a nivel del Parlamento el mecanismo para incrementar los salarios de los funcionarios del Palacio Legislativo, sufriendo los legisladores el peso de una opinión pública que visualiza cualquier incremento en los emolumentos como un «privilegio» inmerecido. Claro, en un país en que sigue en retroceso, para muchos la simple «estabilidad», como ayer sostiene un columnista del semanario de la derecha, es un privilegio. Y también lo es que a un sector de trabajadores se le actualice el sueldo al mismo nivel que estaba seis meses antes. Claro, estas visiones son producto de una posición maniquea que no profundiza en lo sustancial.

La política económica del gobierno de Jorge Batlle, que destinó todos los recursos del país para «honrar» a los propietarios de capitales «golondrina» que habían anidado en nuestro sistema financiero, tuvo estas consecuencias. Fue una política que determinó en tan solo un año se registrara una caída del PBI (la riqueza en manos de los uruguayos) de más de diez mil millones de dólares.

Por ello se contrajo la economía en su conjunto y el sector más débil por razones estructurales, el privado, redujo su actividad expulsando a miles de personas, que fueron a engrosar las filas de desempleados siempre en crecimiento.

Por la misma estructura de país, quizás rémora para algunos de la visión estructural del batllismo, el embate destructivo fue resistido, a duras penas, por el sector estatal, pese a que también fue gravemente herido. Para utilizar un ejemplo de primera mano: Ancap en el período redujo su recaudación en un 35 por ciento (pasó de 1.173 millones de dólares a 762 millones de la misma moneda).

Piense un momento el lector qué ocurriría con los comercios que todavía subsisten, con las empresas de servicios, con las mismas que se encuentran todavía administradas por el Estado, si se cumplieran los deseos de algunos personajes que plantean una reducción de la plantilla estatal en 100 mil personas. Bajaría seguramente el llamado «costo del Estado», pero ¿qué ocurriría con la economía en su conjunto?

Obviamente nadie se niega a que se recorten «gorduras» innecesarias ni que el Estado defina, en su momento, las labores estratégicas que se deben mantener bajo su control, lo que será una tarea fundamental del futuro gobierno. Pero lo que es pernicioso es que sectores de la opinión pública se sumen a quienes sostienen que mantener un trabajo medianamente estable es un «privilegio» y que se ajuste un sueldo por el valor del IPC es una injusticia que está fuera de la realidad.

La economía del país no tendrá salida si no se modifica la situación de los trabajadores, mejorando su capacidad de compra, fenómeno que en lo inmediato sólo sería posible impulsando la actividad estatal.

Sostener otra cosa es sólo una posición maniquea, cortoplacista, que tiende a provocar una falsa división entre los uruguayos. *