El veto herrerista a Batlle

La obtención de las firmas necesarias para habilitar un referéndum por la Ley de Ancap ha instalado en el país un clima político nuevo, con un mayor dinamismo en la circulación de las ideas y lo que parece ser una mayor enjundia en los debates. Y eso que recién empieza. Entre los elementos novedosos de la situación es posible detectar los indicios de pánico que aparecen en las voces del oficialismo. Los primeros pasos de los cerebrales estrategas de la defensa no han podido ser más desafortunados. Nos referimos al debate abierto por el Herrerismo impugnando la presencia del presidente Batlle en filas de los defensores de la ley. Un deslinde vergonzante, falto de cortesía y de sensatez política.

Formulado el veto herrerista se podría decir, razonablemente, que los defensores de la ley ya perdieron.

¿Cómo podrían salir airosos de una campaña nacional aquellas fuerzas políticas que se apoyan en la ilusión de separar la figura del Presidente del contenido de la ley?

¿Qué van a hacer con Batlle mientras dure la campaña? ¿Lo van a ocultar? ¿Le van a impedir que hable? ¿Van a negar que es el mismo Presidente, el mismo equipo y las mismas ideas que dan forma y contenido a este gobierno los que han pergeñado esta ley?

Los defensores de la ley, cuando llegue la hora de explicar bajo la responsabilidad de quién va a quedar la reglamentación de la norma y bajo la decisión de quién se van a resolver los trascendentales problemas que quedan en manos del poder administrador, ¿van a ocultar que el Poder Ejecutivo es el mismo que dirige los destinos del país con tan menguado remanente de provechos?

¿Cuál es la razón del veto herrerista a Batlle? Examinarlo nos da la clave de una de las singulares características de la situación. Batlle, el ciudadano más votado en la segunda vuelta electoral de 1999, es la encarnación misma del gobierno, su máxima representación constitucional y política. Por tanto es el primer gestor y promotor de esta ley, su respaldo, su garantía. Batlle, se supone, es quien dispensa a la ley de los contextos políticos, ideológicos y de gestión para el cumplimiento de los fines que se le asignan a la norma.

Vetar a Batlle, antes incluso que haya dado inicio la campaña de debates, ha sido un reconocimiento grave que inevitablemente ya ha dado lugar a réplicas por parte de dirigentes de filas coloradas y quincistas. Ellos, los quincistas, ¿pueden hacer otra cosa? Confían en su líder, no aceptan que se silencie su voz y se evalúe como negativa para la ley su presencia en la campaña. Resulta comprensible la posición de los hombres del Presidente. Por un mínimo sentido de la lealtad no pueden entregar así como así esa pieza.

Además, tienen derecho a preguntarse los hombres de la 15, si se esconde a la figura de Batlle y durante tres meses el presidente tiene que jugar de «tapado», ocultando su opinión sobre la Ley de Ancap, ¿qué resultado tendría sobre la imagen global del gobierno? ¿No implicaría desde ya que la defensa de Batlle y su gestión de gobierno es, a esta altura, una causa perdida?

Y si la defensa del gobierno es una causa perdida –que algo de eso hay– la responsabilidad, ¿es sólo de Batlle? Sanguinetti y Lacalle, tan exigentes a la hora de exigir cargos de gobierno, tan impasibles a la hora de largarlos, ¿no tendrán nada que ver con el fracaso de esta gestión?

Y es así que –por la magia de una convocatoria democrática, por los duendes de la participación ciudadana que despierta– antes que se convoque al referéndum los defensores de la ley ya se han dividido.

Si empiezan por reconocer que el gobierno es impresentable, ¿cómo harán para convencer de que su ley y lo que haga la actual administración con la ley será bueno para el país?

Difícil para Sagitario, ¿no? *