Cuando la impunidad hace agua

El procesamiento de Juan Carlos Blanco, la sentencia que lo llevó a prisión y su reciente liberación habían desencadenado ya una serie de gestos políticos y declaraciones públicas sorprendentes: ataques groseros a los funcionarios del Poder Judicial actuantes, campañas de difamación contra la fiscal Dra. Mirtha Guianze, insultos contra el Dr. Eduardo Cavalli, presiones manifiestas desde el Poder Ejecutivo, especialmente de los ministros que responden al Foro Batllista, anuncio de reuniones de la cúpula militar y pronunciamientos de los centros que agrupan a militares en situación de retiro, entre otros.

Ahora la fiscal actuante solicitó al juez Cavalli el procesamiento de Juan Carlos Blanco como coautor del homicidio de Elena Quinteros. En función de esto la campaña ha retomado nuevos bríos y, una vez más, los activos defensores de la impunidad total se muestran activos y belicosos.

La decisión de la Dra. Guianze es, como toda actitud de esta naturaleza que diariamente asumen jueces y fiscales, pasible de ser examinada y criticada, lógicamente.

De todos modos, la tesitura de la fiscal no deja de estar regulada por un firme razonamiento, por unos claros fundamentos lógicos y era, por tanto, de esperar.

¿Quiénes no lo esperaban? ¿Quiénes resultan ahora sorprendidos? Los que están habituados a otra lógica, no la lógica racional de los procedimientos judiciales. Están habituados a la lógica del «amenazo y acatan, amenazo y se someten». Una manera de relacionarse con la sociedad que, para desdicha del país, estuvo vigente durante bastante tiempo. Y que, para bien del país, cada vez tiene menos andamiento.

Cuando, a partir de un decreto presidencial preparado al efecto y oportuno, se remiten a la sede judicial las informaciones recabadas por la Comisión para la Paz acerca del destino de la maestra secuestrada en la Embajada venezolana, se están formalizando elementos de juicio de importancia.

Elementos que en el trámite judicial serían eficaces para extinguir la acusación por «privación de libertad» que pesaba sobre el ex canciller de la dictadura. Pero que en modo alguno transforman a éste en un inocente, o la víctima de una conspiración judicial.

No. El informe de la Comisión Para la Paz, remitido por el decreto del Poder Ejecutivo emitido al efecto, lo que agregaría serían elementos acerca de cómo fue ultimada Elena Quinteros, después de haber sido torturada por sus secuestradores.

Se habla así de un disparo de un arma de fuego y se aduce que esto fue necesario ya que al existir la demanda realizada públicamente por el gobierno de Venezuela por la violación del espacio de su sede diplomática, Elena no podía reaparecer.

Estos aspectos de los episodios de 1976, que hasta ahora no se conocen públicamente, aportan incluso algunos elementos novedosos: de acuerdo a las fuentes militares invocadas «no se habría podido identificar a los captores y responsables de la muerte de Quinteros que pudieron ser fuerzas fragmentadas o «grupos independientes» al margen de las fuerzas regulares».

En la copiosa literatura oficial, sea de origen militar o civil, nunca se había hecho mención a la existencia de estas fuerzas fragmentadas ni de estos grupos independientes.

Datos nuevos de esa significación abren razonables conjeturas. Esos «trabajadores por la cuenta» de la represión ¿estarían amparados en la ley de Caducidad? ¿Qué responsabilidad le cabe a los mandos, tanto militares como civiles, por la existencia de grupos independientes que actuaban por fuera del «orden» impuesto por el proceso, de su sagrada pirámide jerárquica?

Para Blanco hasta pudo haber sido una salida. Pero se trata de una salida de circunstancias, carente de seriedad, improvisada sobre la marcha, incoherente con los discursos de justificación que hasta ahora se emiten en defensa del proceso.

Es que la impunidad total hace agua, por varios lados. *