La absurda y aberrante defensa de Blanco

La defensa «política» de Blanco no descansa. Criticando el procesamiento penal del ex dictador, desde el diario «El País», el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez asegura: «el razonamiento erróneo de los magistrados fue el siguiente: la presión internacional en favor de la liberación de la señora Quinteros no dio resultados, en 1976, porque el entonces canciller ordenó a todas las sedes diplomáticas uruguayas que difundieran la versión del gobierno militar». Repasa luego episodios que demuestran la omnipotencia de los mandos militares de la época y concluye: «Suponer, entonces, que la ofensiva diplomática uruguaya mitigó la presión internacional y que, en caso contrario, los militares, en aquel año terrible de 1976, hubieran liberado a Elena Quinteros, es un cuento chino».

Es un vulgar cuento chino narrar de esta manera la intervención de civiles y militares en los crímenes de Estado, dentro y fuera de nuestro país. Sea dicho sin perjuicio de aclarar que, por cierto, el razonamiento de los magistrados no fue el simplismo que el articulista pretende. El oficioso defensor político de Blanco, que parece no haber leído el expediente penal –tal vez no le interesa hacerlo– acude a una triquiñuela ridícula: hace aparecer al detenido como una persona víctima de circunstancias ajenas a su voluntad. El viejo cuento chino de transformar al victimario en víctima.

Tal como dice la fiscal del caso, Blanco poseía una «condición relevante en el proceso cívico-militar (y tenía) injerencia activa en las decisiones que se adoptaban». «Fue miembro fundador del Cosena, que comenzó a funcionar antes del Golpe de Estado y Canciller desde 1972, hasta fines de 1976. Luego ocupó importantes cargos en el Servicio Exterior y retornó de su puesto de representante permanente ante las Naciones Unidas en 1985, cuando se restauró el régimen democrático».

«Ante (…) órganos, universales o regionales, Uruguay fue denunciado sistemáticamente por las situaciones de violación a los derechos humanos, hechos ocurridos antes de la detención de Elena Quinteros. Se relataron torturas, muertes en dependencias militares, desapariciones forzadas.

La dependencia encargada de recepcionar esas denuncias, canalizarlas y responderlas era precisamente la Cancillería, presidida por Juan Carlos Blanco» «Es entonces incontestable el conocimiento del canciller, e integrante del Cosena, sobre la suerte que podía correr una persona aprehendida en las condiciones en que lo fue Elena Quinteros, y su importante injerencia en estos asuntos».

«Tan trascendente resultaba en ese momento el pensamiento político de Juan Carlos Blanco, en el marco de la estrategia regional antisubversiva, que provocó el alerta del Departamento de Estado de EEUU.

Según documentos recientemente desclasificados, Blanco sostenía en 1976 que se desarrollaba la «tercera guerra mundial» y que Uruguay era «el último bastión de la civilización cristiana» (Internet htp:// foia.state.gov/)

A pedido de una comisión del Senado, en 1990 el penalista doctor Gonzalo Fernández, analizando la responsabilidad penal de Blanco, afirmó que «no es autor de una acción dolosa sólo quien causa el resultado, sino también quien tiene el dominio del hecho.

Precisamente, cuando un sujeto se vale para la ejecución del delito, de la acción de otros agentes, a quienes utiliza en carácter de simples instrumentos y cuya voluntad domina, nos encontramos en presencia de un actor mediato.

Y, precisamente, una de las modalidades del dominio mediato de las acciones de otro se encuentra en los «aparatos de poder organizados», según les denomina la doctrina alemana, que debió trabajar intensamente esta categoría sistemática en la segunda pos guerra, al promoverse las acciones criminales contra los ex jerarcas del régimen nazi».

Por cierto, dada la jerarquía de Blanco en el gobierno dictatorial no sólo se puede y debe relacionarse al ex canciller con el caso de Elena Quinteros, sino con otros crímenes cometidos por el Plan Cóndor –y digamos lo obvio: «subversivos» no eran las víctimas sino los victimarios que usurpaban ministerios y otros cargos– y en particular no puede olvidarse su vinculación con el asesinato de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. La prensa argentina informó que Blanco había viajado a Buenos Aires el 7 de mayo de 1976, que mantuvo una entrevista en una base militar y que al día siguiente había regresado a Montevideo. Michelini había alertado sobre esta intervención de Blanco en una carta fechada el 5 de mayo y dirigida al diario «La Opinión».

Lea doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, el siguiente párrafo de la carta de Michelini: «En estos días he recibido amenazas telefónicas anunciándome un posible atentado y, además, mi traslado por la fuerza y contra mi voluntad, a Montevideo. Me llega, asimismo, la información de que el ministro uruguayo Blanco plantearía ante las autoridades argentinas la necesidad de que se me aleje de este país».
Blanco no era un sujeto dominado por los mandos militares tal como lo sostiene el ex vicepresidente.

Afirmar tal cosa es un disparate histórico. La derecha defiende a criminales del poder estatal. En nuestro país y en tantos otros. Un ejemplo claro y cercano fue la defensa política de Pinochet al ser procesado en Chile.

Imagino que si el Fiscal de Corte acusa a Bordaberry por el delito de atentado a la constitución, el doctor Aguirre Ramírez tendrá pronto su argumento sustancial: el presidente no pudo vencer la presión del pacto de Boiso Lanza en aquel febrero amargo y ¡pobre ! no tuvo más remedio que disolver las cámaras en 1973.

Una aberración. *