Controladores controlados

Es el momento. Los municipales, tantas veces utilizados por el EPFA para convalidar discursos de supuestas alianzas participativas entre patrones y trabajadores planteando desde el Documento 6 una cogestión cuasi idílica están llegando a conocer la verdad, después de años de engaño, años en los que poco a poco se fue gestando la triste maniobra frenteamplista de convertir a los trabajadores municipales en un sector estigmatizado por la sociedad.

Lentamente, después de la actitud manirrota y permisiva de Tabaré que aumentó los sueldos, disminuyó el horario de 8 a 6 hrs., se inició el fatal mecanismo de demolición y sustitución del personal municipal. Comenzó a otorgar horas extra por amiguismo (hoy Arana las complementa con viáticos por amiguismo para evadir los aportes al BPS) y mientras disminuía en apariencia el número de funcionarios, pagaba importantes incentivos por retiro anticipado, ingresaba 700 funcionarios en un solo día y pasaba el dinero para el pago de tareas municipales a privados o a ONG seleccionadas por afinidades ideológicas. Terminó su mandato habiendo ingresado 3.150 funcionarios nuevos a la IMM, además de los sueldos encubiertos a través de trabajos tercerizados a empresas privadas u ONG.

Esos mismos trabajadores han sido espectadores o víctimas de un proceso de generación de parcelas políticas cerradas y discriminatorias dentro de la IMM al punto de generarse situaciones de claro favoritismo o de evidente persecución por razones políticas, ideológicas, no distinguiendo al funcionario por capacidades técnicas sino por complicidades partidarias. Sobran ejemplos de estos casos a los que se suma la demostración clara del conflicto que atravesaron el año pasado los municipales con quienes se firmó un convenio que se sabía de antemano era impagable para luego denunciarlo después de haber empujado a Adeom a la huelga.

Todos sabemos el resto de lo que sucedió; algunas escenas provocadas en el túnel y el conocimiento público de una modalidad violenta y extremista dentro de grupos que la Justicia no pudo identificar dieron el golpe de gracia a esa maniobra en contra de los municipales.

Repetimos hoy: no todos los municipales son piqueteros ni todos son violentos ni todos son haraganes. Tal vez los que más se puedan catalogar de estas maneras son aquellos que se sienten apoyados políticamente por quienes atentan contra el funcionariado en general.

Así como la intendencia montevideana quiere promover desde los concejos vecinales el control social sobre la gestión tratando de que se controle la gestión del gobierno nacional o de los privados, direccionando y desviando políticamente los controles a su administración, también debe reconocer que los funcionarios tienen el derecho y la obligación de controlar el buen desarrollo de los trabajos en que participan pues las responsabilidades les pueden ser requeridas en cualquier momento.

No otra cosa que el debido control de su trabajo y la defensa de sus intereses cono municipales es lo que hicieron los integrantes del Comité de Base de Señales Luminosas cuando concurrieron a las bancadas primero y luego a la Comisión de Obras y Servicios de la Junta Departamental después, a denunciar la ilegalidad en que había incurrido la Administración a través del director de Tránsito, Felipe Martín, al resolver sin llamado a licitación, la compra directa de nuevos controladores para semáforos en la Rambla montevideana y su posterior mantenimiento a una empresa privada, todo lo cual consta en actas naturalmente.

Denunciaron los ¡30 funcionarios que atienden 450 cruces!, que mientras se les negaron cuatro celulares por cierto tiempo para poder coordinar los semáforos que hoy se privatizan por falta de rubros, se pagan directamente 176.000 dólares más el año de mantenimiento a la empresa privada por estos 12 controladores para 14 semáforos de la Rambla.

También refirieron que no hay plata para comprar tornillos ni cable para conectar un semáforo con otro, que se suprimieron dos días de recorrida para quienes controlan debido a los recortes presupuestales; expusieron cómo ellos mismos fabrican equipos controladores «para ahorrar» a un costo de $5.000 pesos por unidad, en tanto estos equipos comprados a la empresa privada se pagaron U$S 6.000 cada uno; cómo reciclan equipamiento reparando por ejemplo un condensador por un costo de $35 para reparar una placa inteligente de un equipo de semáforos, cosa que no va a hacer la empresa privada que cobrará por lo menos U$S 600 por placa, etc.

En una nueva burla a los procedimientos que regulan el derecho público, resolvieron irregularmente, como lo dictaminó oportunamente el Tribunal de Cuentas de la República, basándose en el tan utilizado (y conscientemente mal aplicado) literal i del art. 33 del Tocaf, proceder a la compra directa por razones de urgencia que no pudieron fundamentar según el dictamen aludido.

Como si fuera poco, al no licitar el contrato y adjudicar directamente la compra, presentaron los tres precios consiguientes. Las cotizaciones utilizadas para comparar los precios por el director Martín no eran para este sistema sino para uno de 240 cruces, una de ellas ¡de 1998! y otra de 2002, no teniendo conocimiento los oferentes de que sus ofertas habían sido utilizadas para esta oportunidad.

El dictamen del TCR dio razón a las denuncias de los funcionarios y con fecha de19 de marzo de 2003 el Tribunal acuerda observar el gasto.

Es este otro desborde institucional de un equipo de gobierno que aprendió a gastar de más y cobrar de menos cuando se trata de beneficiar intereses de algunos privados en tanto se demoniza la relación con los capitales privados a nivel del gobierno nacional.

Si lo que a nivel de cualquier jerarca del gobierno nacional se conoce como «tráfico de influencias», en la Intendencia de Montevideo ha sido alegremente tipificado por el secretario privado del intendente Arana el señor Mario Areán como «gauchadas», cuando la intendencia se aparta de la ley para negociar en beneficio de privados, lo que en otros gobernantes se llama omisión o dolo, ¿cómo se llamará para los jerarcas de la Administración Arana? *