La confluencia social está primero

La campaña electoral comienza a ser vivida tibiamente por algunos actores políticos y con algo más de intensidad por otros. Me atrevería a decir que ya todos los integrantes del sistema tienen su pensamiento en noviembre de 2004 y como siempre, unos se ufanan y otros se afanan, lo que es muy común en las campañas electorales, pero con una muy especial connotación y ello significa que, de acuerdo con una proyección emanada de la situación social que Uruguay vive, muchos de esos actores políticos, por primera vez, quedarían lejos del poder que ejercieron durante varias décadas gracias a la alternancia de los partidos tradicionales, o más que alternancia, a su complementación en el gobierno.

La gente paga muy cara esa avidez de poder de quienes hoy hace ya quince o veinte años se trasladan de una cámara a otra, de un ministerio a un ente o de un fracaso electoral a un contrato de obra. No es raro que se adjudique al batllismo la paternidad de la seguridad social, aunque se olvidan que un Batlle trajo al Pepe Piñera para que les enseñara cómo Pinochet en Chile había desecho el sistema de un plumazo, eso sí, exceptuando a los militares porque son de otra casta. Aún hoy, el presidente Lagos es cómplice de esa situación, como lo es Jorge Batlle hasta que a los militares uruguayos no se les obligue a integrarse al sistema privado.

Al gobierno del lacallismo se le adjudica el mejor período de recuperación de salarios y pasividades, pero se olvidan que comenzó el período negro de la seguridad social, tratando de modificarla varias veces, ambientó la desregulación laboral y admitió la gruesa inconstitucionalidad de permitir el pago de salarios en especie, disponiendo de los haberes del asalariado y tomando partido por el enriquecimiento patronal y la debacle del Banco de Previsión Social al privarle de los aportes patronales que se hicieron costumbre de inmediato y hasta hoy, en aras del amiguismo político y de intereses.

Nadie ignora que los salarios y jubilaciones son sacrificados para pagar, por lo menos, los intereses de la deuda internacional monstruosa que ya han contraído, incluso hasta los nietos que no han nacido. La buena relación con los organismos financieros internacionales es muy codiciada por los gobernantes y también por aquellos que sueñan serlo. Pero los orígenes de los problemas han hecho quedar bien a unos pocos que todavía están sueltos y han sumido en la desocupación y el hambre a casi todo un país. La miopía política se conforma con que el FMI me mire bien, aunque los hijos del vecino se mueran de hambre y cuatro familiares se me vayan para siempre.

Los jubilados y pensionistas han pagado demasiado y han sido permisivos con el maltrato de que son objeto. En octubre pasado, el Congreso Extraordinario de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, mandató al Consejo Directivo de la misma, a proyectar, con otras organizaciones sociales, como el PIT-CNT, Fucvam, ATSS y demás, a establecer un acuerdo que permita promover una reforma constitucional que proteja el salario de los trabajadores, las jubilaciones y pensiones, la políticas de vivienda y la salvaguarda de un régimen de seguridad social solidario. La Onajpu contribuirá a ese proyecto de reforma con el aporte de cláusulas que modifiquen índices de ajustes y períodos de su aplicación, con la futura integración del Directorio del Banco de Previsión Social, que no debe tener más mayoría de elementos políticos. La integración conformada desde octubre del 1992 solamente remitió, en más de diez años, dos insignificantes proyectos de ley al Poder Ejecutivo que éste, a su vez, ignoró. Y una de las cláusulas más negativas que contiene nuestra Constitución, es la potestad del Poder Ejecutivo en materia previsional, inserta en el artículo 86.

Es decir, el Presidente es el dueño del sistema y lo que en apariencia en un régimen republicano donde tres poderes intervienen en la administración del derecho y la justicia, un solo hombre tiene en sus manos la voluntad de 600.000 personas que no pueden quedar sujetas a la omnipotencia opresora de quien permite, en homenaje al libre mercado, que el costo de vida suba 18 veces más, comparado con el aumento que en suerte les tocó, que es de 1,38%.

En noviembre de 2004 la reforma se debe hacer por mandato de la gente y por el trabajo de la Organización, que tiene sobre sí un compromiso. Algunos que ya sueñan con formar parte del nuevo gobierno se están oponiendo a toda clase de modificación constitucional porque piensan que las herramientas detestables que los gobernantes actuales y pasados utilizaron en contra de la gente, les pueden venir bien para poder maniobrar. A esos les decimos que las normas deben servir a la gente y no a las conveniencias políticas. Deben servir por cinco años y por siempre, más allá de quien sea gobierno. Si tienen miedo de ser «embretados», bueno, que lo digan ahora. Pero no queremos más gente que se disfrace de Sanguinetti, que en la campaña de 1994 dijo que había que cambiar la Seguridad Social y no dijo que el cambio era aumentar los años de trabajo para todos, negar pasividades por enfermedad, aumentar la edad de la mujer e impedir que docenas de miles de trabajadores se pudieran jubilar, aunque las AFAP se quedaran con los aportes. *