La impunidad perversa

Sostener que con la confirmación del procesamiento del ex canciller de la dictadura se quiebra la pacificación lograda en el país, es una enormidad con un contenido político perverso para el funcionamiento libre de las instituciones democráticas.

Decimos esto ante la afirmación de algunos políticos como el vicepresidente de la República, que anunció que el Poder Ejecutivo impulsaría normas interpretativas de lo establecido en la Ley de Caducidad, para que se ampare no solo a militares y policías que cometieron delitos durante la dictadura, sino también a los civiles que se encuentren en las mismas condiciones.

Obviamente esta preocupación de algunos sectores políticos tiene nombre y apellido: Juan Carlos Blanco, cuyo procesamiento fue ratificado por un tribunal de apelaciones.

¿Por qué decimos que esa iniciativa es una movida perversa que conspira contra el funcionamiento de la democracia? Porque quienes quieren imponer el olvido de todo lo ocurrido durante los tiempos en que campeó el terrorismo de Estado, producto de la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional, han seguido presionando, como si con la ley votada y luego ratificada en un plebiscito, no estuviera suficientemente cubierta su impunidad. Y para ello tratan de que un poder político avance sobre otro, en momentos en que se sustancia un caso concreto que se ha convertido en paradigmático y que muestra cómo otro poder, el Judicial, actúa con plena independencia.

Claro, en la llamada Ley de Caducidad, no se amparó la acción de los civiles, cómplices o ideólogos de las cobardes agresiones de lesa humanidad que se produjeron en aquellos tiempos, hechos que serán conocidos en el informe que la Comisión para la Paz hará público la próxima semana.

La Ley de Caducidad fue más que generosa, una verdadera amnistía que no sólo amparó a militares y policías que cumplieron órdenes aberrantes sino también a golpistas confesos, sádicos, torturadores y asesinos que, por una razón de buena política y de imagen para las propias fuerzas armadas, no tendrían que haber sido amparados por esa norma excesivamente amplia.

Sin embargo hay quienes todavía no están conformes y reclaman que la impunidad tenga un mayor alcance, y lo hacen cuando un tribunal de alzada ratifica el procesamiento de quien fuera canciller del gobierno de la dictadura, acusado de ser partícipe (cómplice) de la desaparición –que presumiblemente fue seguida del asesinato– de una joven maestra.

Para estos señores, que la Justicia actúe buscando la verdad en un caso de estas características, aplicando la ley vigente, es preocupante y presionan para que sus «amigos» políticos redacten una interpretación de la norma para que la impunidad sea absoluta y el ex canciller quede en libertad.

Una pretensión, sin duda, fuera de lugar que, además, sería perversa para nuestro perfectible sistema democrático. *