Defendamos las libertades fundamentales

Todo lo ocurrido en torno a la marcha organizada por Fucvam, podría integrarse perfectamente a algún diccionario del disparate, especialmente teniendo en cuenta la desmesura del Ministerio del Interior que, sin siquiera tener en cuenta los elementos fundamentales de su función, fue responsable de una serie de arbitrariedades, muchas de ellas de exultante contenido.

Quienes organizaron la marcha, movilización integrada a la justa lucha de los cooperativistas de vivienda por ayuda mutua, que reclaman simplemente que se cumpla la ley, entregando el gobierno las partidas del Fondo Nacional de Vivienda, recaudadas oportunamente para hacer posible una solución habitacional para miles de familias. Sin embargo el gobierno, en lugar de avergonzarse por la falencia en que está, se atrevió a adoptar medidas impidiendo que un grupo de uruguayos ingresaran a Punta del Este, como si el balneario fuera un coto cerrado, reservado para singulares personajes que «dejan sus fortunas» en el país.

Para concretarlo se debieron violar expresas normas constitucionales que establecen la libertad de circulación y de reunión, además de otras que se refieren claramente al derecho que tienen los uruguayos para expresarse sobre todos los temas que entiendan oportuno.

La Policía, a las órdenes del escribano Guillermo Stirling, levantó barreras de contención para el grupo de caminantes que marcharon por tres jornadas desde Montevideo y cuyo objetivo propagandístico estaba en colocar una ofrenda floral en el monumento al prócer. El resultado fue desmedido y brutal. Además de impedirse que la marcha llegara a Punta del Este, la Policía detuvo a miles de personas, afirmando que se había configurado «desacato».

El relato que ahora se conoce sobre la actuación policial muestra extremos tan ridículos, todos ellos producto de la situación disparatada en que fueron colocados los efectivos, al que el gobierno también les faltó el respeto al ordenarles la concreción de tamañas irregularidades.

La vigilancia realizada por los «servicios de inteligencia» sobre los dirigentes de Fucvam fue el colmo de la extramilitación, producto de una realidad fantasiosa que alguien se encargó en distribuir. Parecería que quienes reclamaban que el gobierno realizara los aportes establecidos por ley como complemento de la larga mecánica de las cooperativas de ayuda mutua, eran agentes de alguna organización terrorista que, dentro de sus termos, portaran armas de destrucción masiva y que, en cualquier momento, podrían haber desatado una agresión que terminara con el exclusivo balneario.

Se vigiló y se filmó a los que marcharon, además de controlarse las llamadas por celular, llegándose hasta a poner especial atención en quienes ingresaban a los baños químicos que colocaron los manifestantes. Los relatos realizados por el presidente de Fucvam, sobre cómo el «férreo» control policial fue reiteradamente burlado, mostró ineficiencia e incapacidad, pero ello no reduce la gravedad de lo ordenado.

Es necesario que el escribano Stirling deje en claro las razones de la enormidad que ordenó y, además, se le deben reclamar las responsabilidades políticas por la arbitrariedad concretada. La libertad es un elemento fundamental para la convivencia y no es posible que algunos personajes insólitos, actúen contra ella. *