La calidad de vida

Si el gobierno cree que con los pesados aumentos en las tarifas públicas que impuso recaudará más de 250 millones de dólares, se equivoca. Y ello porque la técnica económica más elemental indica que nadie puede gastar más de lo que tiene.

Mayoritariamente la población uruguaya, hablamos de las clases medias integradas por empresarios de la ciudad y el campo, funcionarios públicos, privados, obreros especializados de distintas ramas de la producción y los pasivos, ha perdido su relativa capacidad de ahorro, lo que es muy grave, pues con ese empobrecimiento de alguna manera se paraliza el correlato lógico de ese dinero de más que algunos tenían a fin de mes, que es el depósito en las entidades financieras, o sea, un mecanismo que en teoría impulsaba a otro: el de la inversión.

En la realidad uruguaya se está produciendo otro efecto pernicioso: dada la rigidez del gasto en algunos imprescindibles servicios públicos, de primera necesidad, como energía y agua corriente. El efecto del incremento de las tarifas determina un corrimiento en la morosidad. UTE y OSE, seguramente, en un corto plazo tendrán un crecimiento de la misma pero el que será menor al de otros servicios, más prescindibles, como las comunicaciones. Los teléfonos celulares, para muchos sectores, serán un recuerdo del pasado, como también los servicios de vinculación rápida con Internet. También las familias están tratando de achicar a un mínimo otros gastos, trasladando también ese achique –lo que es ostensible– a todo tipo de gastos. En el consumo de combustibles –ya se verifica la notoria desaparición de automóviles– bajará a la mínima expresión y, ni hablar, del pago de impuestos a la DGI, contribuciones al BPS, a las intendencias, cuotas de préstamos hipotecarios, las cuotas mutuales, etc.

Sería redundante hablar del efecto producido por todo este proceso de empobrecimiento para el resto de la economía. Esquemáticamente hay que razonar teniendo en claro que la capacidad de compra en el mercado interno se redujo para los funcionarios públicos en más de un 22 por ciento (teniendo en cuenta la recuperación del 3 por ciento desde el 1ro de enero), en un 25 por ciento para los trabajadores de la actividad privada y el sector pasivo. Podemos fácilmente establecer, de acuerdo con esta reducción del poder de compra, algunas de las razones de la destrucción de riqueza (10 mil millones de dólares). En este panorama, ¿cree el gobierno que con la política salarial y de tarifas que está aplicando mejorará el perfil del déficit? ¿Qué además, como resultado de esa política, se podrá dar el lujo de no reestructurar los vencimientos externos?

A quién se le debe atribuir estos cantos de sirena que ni siquiera pudieron hipnotizar a los negociadores del FMI que volvieron a Washington con la peor opinión de la política económica uruguaya.

Ni los soldados que ganan 1.200 pesos, ni los maestros, ni los policías, ni los funcionarios de Salud Pública, ni otros miles de trabajadores de la actividad privada, además de los jubilados y pensionistas, tendrán otro destino para subsistir que aplicar una economía de guerra, cuya dramática explicitación determinará la supresión de servicios fundamentales, en un achique impuesto por la absurda realidad en que nos ha colocado este gobierno. Son cientos de miles los trabajadores y pasivos (no hablamos ya de los 200 mil desocupados), que ya están viviendo por debajo del fatídico nivel. El gobierno, en lugar de tratar de recuperar la economía, aplica reducciones salariales que provocan más y más recesión.

El otro elemento de la política de empobrecimiento y de destrucción de la economía, es el aumento de las tarifas de los servicios públicos, que alejan a los mismos de las posibilidades económicas de cientos de miles de uruguayos.

¿Cómo va a mejorar el perfil del déficit? Sería bueno conocer alguna respuesta válida, basada en la técnica económica y no en palabrería producto de expresiones de deseo, que intentara explicar este desatino que asombró, por su profundidad, hasta a los técnicos del FMI. *