La política salarial

Las consideraciones del gobierno en torno a la política salarial son cada vez más preocupantes. Ahora, de acuerdo a lo trascendido al más alto nivel, se estaría analizando no transferir a los funcionarios aumentos en dinero, sino sustituirlos por órdenes de compra, con las que se podrían adquirir alimentos. Esta idea concuerda con los adelantos realizados por algunos altos funcionarios del Ministerio de Economía que habían adelanto que no se otorgaría ningún incremento a los estatales, quienes sobre sus sueldos además de soportar el crecido Impuesto a las Retribuciones Personales, han sufrido la quita del proceso inflacionario que ha deteriorado los ingresos en más del 25 por ciento en tan solo un año.

En alguna oportunidad hemos señalado desde estas páginas que esa política, que podría calificarse como restrictiva, no le sirve al país y, menos aún, a las finanzas del Estado, que a raíz de la caída del poder de compra de la gente, recauda menos impuestos, acercándose más rápidamente al día en que se anunciará el default, pese a las declaraciones del presidente Jorge Batlle en el sentido, que no es necesario reformular los pagos de la deuda con el FMI, porque Uruguay «pagará los vencimientos de acuerdo con el ordenamiento actual». Recuérdese que los vencimientos en 2003 superan los 1.400 millones de dólares

Qué mal asesorado está Batlle, que no puede entender que por el camino de la pobreza, remachado con una medida tras otra, no es posible cumplir ni con los organismos de crédito ni de papeles uruguayos. Quienes han indicado que ese es el camino, ni siquiera coinciden con los técnicos del FMI, que ya tienen certezas sobre el destino de la economía de Uruguay. Como coralario ético, es sorprendente la insensibilidad del gobierno –más allá de algunas reacciones antidemocráticas, propias de una soberbia trasnochada impropia de un mandatario que logró el gobierno por vía electoral — a quien poco le importa que la mayoría de los funcionarios y jubilados cobren sueldos de hambre, que coloca a muchos de ellos bajo la línea de la pobreza.

Podríamos plantear otra pregunta: ¿es un privilegio que los trabajadores del Estado y los jubilados pretendan lograr una actualización de sus prestaciones que las lleven al mismo nivel que tenían un año atrás?

Obviamente que ello constituye un reclamo plausible que no significa ningún privilegio y que, además, sirve a la economía en su conjunto, que no seguiría achicándose.

Sin embargo los polvos de ayer trajeron estos lodos. Como, de manera irresponsable, el gobierno utilizó las reservas públicas, que además son la base monetaria sobre la que se sustenta el circulante actual, sólo podría atender incrementos en base a la emisión. Eso es lo que se ha dejado trascender y que ha saltado cuando en el Parlamento se mantuvo la actualización para sus funcionarios, hecho que provocó un escándalo de proporciones. Sobre este tema el gobierno volverá a la carga, tratando de hacer aparecer esa actualización salarial como un «privilegio desmedido» del que acusa al Encuentro Progresista, que votó por mantener en vigencia el convenio existente.

Los hechos desmentirán o darán la razón a estas afirmaciones. El gobierno durante su gestión ha dado muestras suficientes de una errática gestión, que durante 2002 determino la liquidaron de los pocos dólares que integraban las reservas, desfondando además al Tesoro Nacional y haciendo crecer la deuda externa hasta niveles insoportables, cuyos vencimientos, obviamente (como piensa el propio FMI), no se podrán honrar. Todo ello para favorecer a bancos que fueron objeto de una previsible corrida luego que en la Argentina –a cuyos capitales incluso «negros» eran funcionales– llegara a su fin el modelo económico y el país hermano se introdujera en una crisis inédita.

Fueron miles de millones de dólares que desaparecieron en el marco de esa política irresponsable, clasista y antinacional, que no tuvo ni siquiera en cuenta mínimos supuestos en funcionamiento de la economía.

La política salarial que el gobierno está aplicando en relación a la actividad pública, nada tiene que ver con una reducción del peso del Estado, ni con las injusticias propias de una situación («corporativismo») que ha distorsionado el ingreso en ese nivel de la actividad, en donde los más débiles son los menos agraciados.

Nada de esto tiene algo que ver con las medidas actuales. Lo razonable es entender que el gobierno quiere mantener una reestructuración regresiva del ingreso, achicando el peso salarial, sin entender que por ese camino se concretará otra herida en el flanco de la economía y, por supuesto, de la democracia. *