Otra vez las prohibiciones

Con muchas aristas similares, los hechos políticos de este enero reproducen los acontecimientos de, días más días menos, el mismo período del año pasado: expresiones de protesta social contra la política económica del gobierno, respaldo y simpatía pública hacia las movilizaciones –este año organizadas por Fucvam–, marcha pacífica hacia los balnearios del Este y prohibiciones y tendido de vallados policiales por parte de las autoridades del gobierno nacional.

De este modo, tanto en 2002 como en 2003, la protesta originada inicialmente en insatisfacciones de tipo económico se transforma en una disputa por el ejercicio de determinados derechos amparados en la Constitución. En este caso la «libertad ambulatoria» de las personas, el viejo derecho de todos los ciudadanos a transitar de manera pacífica por todo el territorio nacional.

Empezando la reflexión desde este extremo, surge como postulado esencial que la primera obligación de los ciudadanos que ocupan las funciones de gobierno es, justamente, garantizar el libre ejercicio de este derecho, asegurar que quienes lo desean puedan desplazarse y expresar sus ideas y sus demandas legítimas en todo el territorio de la República sin ningún tipo de interferencia.

Al proceder de otra forma y poner trabas al ejercicio de la libertad, el gobierno presidido por el doctor Batlle quebranta fundamentos básicos de su andamiaje ideológico, de las «ideas-fuerza» del liberalismo político, tanto en el país como fuera de él. Antes y después del surgimiento del batllismo.

No es sólo a la izquierda o a las organizaciones sociales y sindicales a las que el gobierno lesiona con estas actitudes. Es a una larga tradición nacional que hunde sus raíces en la «Patria Vieja» y el artiguismo, se prolonga en las luchas civiles del siglo XIX, incluyendo a la «Generación del Quebracho» a la que en un tiempo al doctor Jorge Batlle le gustaba homenajear, y a gran parte del discurso colorado y liberal levantado contra la dictadura desde la llamada «biblioteca liberal» del semanario dirigido por el recientemente fallecido doctor Enrique Tarigo.

Como en 2002, el gobierno ha hecho una estimación equivocada de la situación.

Por un lado, la marcha organizada por Fucvam ha sido, como es tradición en el movimiento social uruguayo, una expresión civilizada, exteriorización de la protesta llevada adelante con cultura política y sentido de la responsabilidad: considerar tales protestas «como un fenómeno de policía» no es pertinente, ni sensato.

Por otro –y en este aspecto llama la atención la falta de tino del elenco gubernamental–, la opinión pública uruguaya tiene una particular sensibilidad ante lo que constituyen ataques a la libertad. La experiencia del año pasado fue similar y una marcha organizada por el PIT-CNT que inicialmente había suscitado una adhesión relativamente pequeña se transformó, por efecto de la prohibición, en una expresión multitudinaria de protesta.

Con prosperidad o sin ella, el sistema de garantías de la república debe ser garantizado.

El país ya conoció el lento y pernicioso ciclo histórico en el cual gobiernos civiles electos por la ciudadanía pretendieron asegurar la paz social apoyándose en el poder de las bayonetas.

El equilibrio necesariamente complejo entre el orden y la libertad se rompió en la pretendida voluntad de asegurar el orden. El resultado fue no sólo la pérdida de las libertades sino la instauración de otro desorden. Un desorden considerablemente peor que el anterior.

Las marchas pacíficas organizadas por organizaciones populares reconocidas y representativas son un derecho inalienable.

Le guste o no al gobierno, tiene que acostumbrarse a convivir con esa realidad. La exteriorización de la protesta lejos de desprestigiar muestra la serena solvencia de un gobierno. Proscribirla, abortar el ejercicio de ese derecho legítimo, es un indicio de debilidad e impericia. *