¿Hay veda de empleos en el Estado?

En la última rendición de cuentas, cuya vigencia ha comenzado con el inicio de este año, se aprobó una serie de disposiciones para incentivar a los empleados públicos a que se vayan de sus trabajos, ambientando todo en el muy manoseado prejuicio contra los trabajadores estatales. Algún sesudo columnista ha llegado a aplaudir la medida, porque, según él, quedándose los funcionarios en las casas se ahorra el café.

La cruzada incluye la excomunión de la inamovilidad de los funcionarios públicos. Ya todos olvidan que la tan mentada inamovilidad fue en su momento una garantía del trabajador, contra el manoseo de los mandamases de turno, que designaban y echaban funcionarios, según el color de la divisa que estuviera en el gobierno. Este mecanismo, hasta ahora, persiste en las Intendencias Departamentales, donde el jerarca distribuye a su real gana, los contratos temporales de trabajadores por ciento ochenta días, que pueden ser renovables o no, manteniéndolos permanentemente con el Jesús en la boca.

Pero fíjese usted por dónde. La misma rendición de cuentas a que aludo más arriba, luego de prohibir el ingreso de funcionarios públicos por diez años más, autoriza a las jerarquías para contratar gente por la vía de contrato de obra. Se trata de una modalidad que siempre había sido utilizada de manera artesanal por los gobernantes –no se sabe bien si para beneficiar a queridos amigos o para asesorarse con técnicos– y que comenzó a aplicarse industrialmente a partir de la presidencia del doctor Lacalle.

Si usted hace un poco de memoria, recordará que hace poco más de un año pudimos conocer, por una denuncia de prensa, que existían unos diez mil empleos otorgados por ese bendito mecanismo. Pudo enterarse también que usted –que de repente hacía tiempo que estaba buscando trabajo– nunca pudo saber que el ministerio tal o cual, o la oficina tal otra, andaban precisando gente por contrato de obra y la estaban contratando. Pudo enterarse también –a poco que se pusiera a leer la larga lista de agraciados  que muchos apellidos coincidían extrañamente con los de los jerarcas, representantes de los partidos que gobiernan en coalición. En aquel momento, capaz que usted se calentó. Pero luego, como todo, en el fárrago de pelear la diaria, se olvidó.

Y ahora el asunto renace con la puesta en funcionamiento de lo que determina la rendición de cuentas; y lo que antes se hacía a hurtadillas, hoy se puede hacer con respaldo legal. Aunque, claro, se establecen algunos límites. Por ejemplo, es bueno saber que la ley establece que la disponibilidad de cargos debe hacerse pública y que se debe recurrir al concurso o sorteo, como nunca ha ocurrido hasta el presente. Le sugiero, en consecuencia, que esté muy atento a los múltiples llamados que deberían comenzar a publicarse para proveer conchabos vía contratos de obra, así como de las garantías para los concursantes a efectos de que no les tomen el pelo.

En una situación de falta de trabajo como la que padecemos, es muy importante que uno de los patrones más grandes, el Estado, dé oportunidades parejas a todos los que están penando por un trabajo decente, empecinadamente, mientras luchan con el impulso, cada día más fuerte, de emigrar.

En ese asunto tan trivial y de a pie, también se mide si hay democracia o no. Los jerarcas que contratan no son los dueños de los Ministerios, las oficinas y las empresas. Usted, que está desocupado o tiene un trabajo en el que no quiere continuar, es tan dueño como cualquiera de ellos.

Yo creo que el día que comencemos a medir la democracia con estas varas, más de entrecasa digamos –sin limitarnos a la sola invocación de los derechos humanos y el voto quinquenal– estaremos iniciando el camino de la paz interior entre todos, para reconocernos dentro de fronteras. *