El desafío de la nueva emigración uruguaya

La investigación periodística acerca de la emigración uruguaya, de la que da cuenta La Republica en su edición de ayer, pone de relieve la evolución –y el agravamiento– de una tendencia demográfica contemporánea especialmente grave para el país.

Desde hace unos años, el hecho ha dado lugar a algunos trabajos académicos serios, como los realizados por la doctora Adela Pellegrino y a investigaciones periodísticas que alertan, como las de Daniel Martínez Soto a que hacíamos referencia más arriba.

De tanto en tanto, también, el sistema político ha dado señales de preocupación. No obstante, hasta el momento las intervenciones desde el escenario parlamentario no han concluido en la adopción de medidas legislativas que aborden la nueva realidad demográfica que al país se le plantea con la extensión cuantitativa y cualitativa de la emigración.

Empecemos por decir que creemos que una salida de tan gran volumen como la que se ha registrado en estos años, especialmente la del año 2002, es un hecho sumamente negativo, un desgarramiento social y nacional que debió haberse evitado. O, al menos, atenuado, a través de la existencia de líneas de acción social desde el Estado, destinadas a favorecer la permanencia en el país de los uruguayos expuestos al gran flagelo de la desocupación, indudablemente la fuente principal de la migración forzada de decenas de miles de compatriotas.

Aunque parezca obvio, conviene no eludir esta valoración acerca de la negatividad de la emigración masiva, ya que en la diversificada viña del señor no faltan las cornetas del conformismo que han empezado a hacer las cuentas de los «beneficios» dicen, que aparejarían los envíos de remesas de los trabajadores uruguayos en el exterior y cómo eso mejoraría la balanza de pagos, con varios economicistas etcéteras.

Un desgarramiento familiar, social y nacional, entonces, muchas de cuyas consecuencias directas son, en el mediano plazo, irreparables pero que exigen atención por parte de la autoridad pública desde ya.

En oportunidad de la injusta expulsión, apenas desembarcados, de algunos ciudadanos uruguayos desde el aeropuerto madrileño de Barajas se hizo evidente la gran indefensión con la que miles de emigrantes emprenden su búsqueda de un lugar en el mundo.

Experiencias similares se presentan a conciudadanos en otras partes del orbe, como en los Estados Unidos, donde la persecución a los emigrantes ilegales es particularmente severa.

Es posible que Uruguay demore unos años en recuperar las condiciones que permitan a esos cientos de miles de compatriotas volver a instalarse en el lar que nacieron, junto con sus familias, su cultura y sus tradiciones.

Mientras tanto se hacen necesarias políticas destinadas a asesorar, orientar y proteger a los uruguayos desperdigados por el mundo.

El itinerario de problemas a los que se enfrenta el emigrante y su familia es dilatado y abarca desde el ejercicio de los derechos civiles y sociales, incluyendo la seguridad social y la necesidad de abaratar y agilitar determinados trámites hasta el gran problema del ejercicio de los derechos políticos.

A esta altura del proceso de globalización son numerosos los Estados democráticos que han habilitado formas de participación en las justas electorales de sus ciudadanos radicados en el exterior.

La posibilidad del llamado «voto consular» ha motivado, en más de una oportunidad, interesantes iniciativas legislativas. Es una forma, discutible por cierto, de mantener –al menos en el terreno simbólico del ejercicio de los derechos electorales– los vínculos del emigrante con el país y sus problemas y esperanzas. *