Pagarán los mismos de siempre

Es posible tanta insensibilidad? La política económica del gobierno presidido por el doctor Jorge Batlle mantiene en alto su premisa de que sean los trabajadores los que paguen la crisis del país, para lo que se ha decidido que el aumento que deben recibir a partir del lº de enero los funcionarios públicos sea del 2.5 por ciento. Para los jubilados el incremento, no anunciado todavìa, sería del uno por ciento.

Los lectores se imaginan las consecuencias que ello tendrá sobre el salario real y, además, sobre la economía en su conjunto. Obviamente los funcionarios públicos ingresarán en una economía de guerra, borrándose de mutualistas, achicando al mínimo su poder adquisitivo, lo que significa reducir el consumo de servicios, dejar de pagar impuestos, patentes de rodados, reduciendo el consumo de elementos esenciales.

¿Es con ese mecanismo que se quiere recuperar la economía e iniciar un despegue que, para el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, comenzaría en marzo? ¿O es que, por este camino, se pretende reducir el llamado peso del Estado, para de esa manera achicar la carga impositiva sobre el resto de la sociedad? ¿Alguien puede asegurar que alguna de esas hipótesis sea cierta?

Obviamente si se encarara una restructuración del Estado, de la función pública, equilibrándose los sueldos que cobran unos y otros en base a algún criterio de justicia, no muchos levantarían su voz para protestar. El gobierno estaría actuando en una línea, que se abre a distintas alternativas, pero tendiente a terminar con situaciones que sabemos se han convertido en odiosas y que todos conocemos.

No es posible que se sigan manteniendo las diferencias entre quienes realizan tareas similares, y mucho menos, seguir con la vigencia de sueldos miserables como son los que se les pagan a docentes, policías, etc..

Pero ninguna de estas reivindicaciones está contenida en las medidas que adoptará el gobierno en las próximas horas. De lo que se trata es de aplastar aun más el nivel salarial de los trabajadores del Estado y de los jubilados, como si ello fuera aceptable desde el punto de vista de una economía en recesión.

Batlle repetirá su dicho de «a quien no quiera sopa, cien platos», como si ese razonamiento tuviera algún tipo de asidero en alguna teoría económica y no fuera sólo una expresión carente de toda responsabilidad. Parecería que ni el Presidente de la República ni ninguno de sus colaboradores del área económica entienden que se está tocando fondo y que, aunque haya quienes sostengan lo contrario, por el camino de la pobreza que el gobierno remacha con el retaceo del aumento a los servidores públicos, se llega más rápidamente al default.

Por ello, a pocos días de los anuncios hechos públicos por el equipo económico en que se habló hasta de un supuesto «despegue» que se comenzaría a producir a partir del mes de mayo, todo ese paquete de declaraciones se muestra como un sorprendente dislate que, además de desilusionante, aparece como disparatado.

Los uruguayos cada vez somos más pobres, el Producto Bruto Interno (PBI) se desplomó a nivel general en más de 10 mil millones de dólares en tan solo un año. Con la nueva medida que planea el gobierno que, según parece, no se anima a anunciar, el deterioro se multiplicará.

Quizás el Presidente de la República, el cuarto Batlle que llegó a esa investidura, crea que así se hacen las cosas y que los uruguayos debemos pagar con nuestros esfuerzo, con nuestro dolor y hasta con nuestra vida, la aplicación de un modelo económico que no tiene vigencia ni posibilidades de sostenerse.

Si lo hace, no sólo se equivoca. Es más grave. *