Un buen abordaje de una cuestión espinosa

Días pasados, a través de una nota periodística difundida por el semanario Brecha y retomada luego por LA REPUBLICA y otros medios de prensa, la opinión pública montevideana y nacional recibió la impactante información de la existencia de denuncias de corrupción en la Intendencia Municipal de Montevideo.

El hecho motivó un rápido tratamiento por parte de las autoridades políticas del Frente Amplio y el mismo lunes 23 se dispuso una serie de diligencias encarando el problema y avanzando para poner las cosas en su lugar, ya sea verificando la pertinencia de las denuncias o el carácter infundado y de mala fe de las mismas.

Por razones que casi no vale la pena enumerar acá, por conocidas, el episodio comporta una extrema delicadeza y una innegable gravedad.

Después de un decenio largo de gobierno departamental, en un período en el que en el plano nacional nos ha tocado asistir a tantas irregularidades en el manejo de los bienes públicos, la gestión de la izquierda en el gobierno se ha mantenido dentro de los más estrictos límites de la probidad y la limpieza administrativa.

En tal o cual momento se han cometido errores o se han adoptado decisiones equivocadas, pero se los ha puesto de manifiesto, se han intentado corregir y no ha habido ningún tipo de complicidades tácitas o expresas para tapar el conocimiento público de lo que no andaba bien.

A partir de esa conducta, los sucesivos elencos de gobierno progresista se ganaron la confianza de la población montevideana que, en cada consulta electoral, brindó un apoyo más amplio a la fuerza política en el gobierno.

No se podía esperar otra cosas de la izquierda y en ese sentido los elencos respondieron a la confianza en ellos depositadas.

Es ese patrimonio de confianza, de respaldo moral y de credibilidad el que hoy está en juego.

Y es en este terreno, de tanta importancia para todos los que de un modo están vinculados al episodio, que surge un rasgo muy característico de la estructura orgánica y de las normas reglamentarias que regulan el funcionamiento del Frente Amplio.

Esta fuerza política es la única que, en nuestro país, está dotada de una comisión específica, Tribunal de Conducta Política en condiciones de examinar denuncias de esta naturaleza.

Ese Tribunal de Conducta Política, en el que revista y lo preside una figura emblemática del Frente Amplio, el general (r) Víctor Licandro, ha sido distinguido en su trayectoria por la presencia de personalidades como la del doctor Juan José Crottoggini, cuyo prestigio como médico, como universitario y como dirigente político ha sido y es de un enorme reconocimiento no sólo frenteamplista sino nacional.

Este Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, en cuyas manos ha quedado ahora el examen de los hechos, es una institución sobre la que merece reflexionarse un momento.

Se trata de una instancia propia de la fuerza política. Su campo de acción es el examen de las acciones políticas de los afiliados a la organización Frente Amplio.

Aunque trabaja con criterios destinados a dar todas las garantías del debido proceso a las personas que son objeto de denuncias, no es, como resulta obvio, una instancia jurisdiccional en materia penal.

El Tribunal de Conducta previsto en los estatutos del Frente Amplio, no tiene facultades ni medios para determinar delitos penalmente sancionables.

Su campo de actuación en el orden de la conducta política, es un tribunal de ética política.

El desarrollo por parte de un militante, de un dirigente o de un hombre del gobierno, de una conducta contraria y lesiva a los valores y las tradiciones éticas por las que la izquierda ha luchado puede no configurar delito ante la Justicia penal, pero no será aceptado por el tribunal de los frenteamplistas.

La forma cuidadosa cómo se examinó y se resolvió en la dirección frenteamplista la denuncia a la que nos referimos muestra que existen medios legales, personas idóneas y prestigiosas y prácticas consolidadas en las fuerzas progresistas como para enfrentar situaciones, siempre lamentables, de este tipo.

Y resolverlas con garantías para todos. *