Maniobras contra el Estado: hubo fallas en los sistemas de contralor público y privado

 

El director nacional de Aduanas, doctor Víctor Lissidini, presentó ayer ante la Justicia una denuncia penal en contra de la empresa curtidora que realizó una maniobra fraudulenta contra el Estado por dos millones de dólares, a través de reintegros a la exportación otorgados por el Banco República.

La operativa de la firma Ekotex SA está mencionada en un informe reservado que Lissidini le había entregado al presidente Jorge Batlle la semana pasada y que motivó la reacción del mandatario cuando el lunes declaró no «aguantar más la evasión», en la que «pagan justos por pecadores».

El «Informe sobre Empresas», elaborado por el Grupo de Represión del Contrabando y Control de Tránsito de Mercaderías, al que accedió LA REPUBLICA, también incluye las maniobras de otras dos empresas y subraya que hubo fallas en los sistemas de control público y privado.

Esta serie de maniobras, a la que se suma la de una empresa «trucha» que obtuvo 3,5 millones de dólares de reintegros de la Cámara de Industrias por supuestas importaciones de pinturas, decidió al gobierno a constituir un grupo de contralor de la evasión, que comenzará a delinearse en el día de mañana.

Este jueves se reunirán las principales autoridades y técnicos de la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Banco República (BROU), el Banco de Previsión Social (BPS), entre otras dependencias, para impulsar normas de contralor efectivas.

Un millonario «pedazo de basura»

En el Informe se explica el mecanismo que utilizaba la empresa Ekotex SA para realizar exportaciones de cueros y cobrar reintegros de tributos con los que se estafó al Estado. «Este pedazo de basura le costó al país dos millones de dólares», dijo el mandatario con un trozo de cuero en sus manos.

En la investigación «se constató la misma titularidad de la sociedad comercial nacional exportadora y la sociedad comercial importadora y se comprobó que el contenedor enviado se encontraba abandonado, impago su flete y su contenido; eran cueros en muy mal estado», explica el documento. Al describir la maniobra, el informe también subraya que hubo fallas de contralor, ya que «existió un informe del LATU sobre muestra proporcionada por el BROU que determinó ‘Trozo de descarne Wet Blue’, y que en el trámite de certificación y habilitación se dejó constancia que ‘ante la ausencia de inspector del BROU, procédase al despacho'».

En la denuncia penal entregada ayer, se indica que «surge configurada la maniobra de estafa contra el Estado, por obtención fraudulenta de certificados de devolución de impuestos, en tanto la exportación que se declaró hacer no fue tal en los hechos, sino que consistió en un mero envío de mercaderías de nulo valor, procediendo a documentar una operación comercial inexistente, entre dos empresas propiedad del mismo grupo familiar, logrando evadir los controles que el Estado dispone…»

La denuncia involucra en el ilícito a Luis Pedro Cieri Barboza, Carmen Cambón Martínez y Jesús Antonio Cieri Barboza, accionistas y directores de Ekotex SA, y el despachante de Aduanas Guillermo Mario Jaume Martínez, así como a las empresas Tuscany Hides & Skins Srl (Pisa, Italia), El Prado Hides & Skines (Miami, EEUU) y G&P Cuirs Et Peaus Sprl (Bruselas, Bélgica).

Un cuento «chino» a los mexicanos

El informe a Batlle también analiza las operaciones fraudulentas de la empresa Dakar SA que ingresó a México mercaderías chinas como si fueran uruguayas (le cambiaban la grifa), en la que aparece comprometido un alto dirigente de la Cámara de Industrias y de la Cámara de la Vestimenta. Dakar SA ingresaba mercaderías «bajo los beneficios del régimen de Admisión Temporaria, falseando la condición de que no se exportaría con certificado de origen, condición sin la cual no se hubiera admitido la solicitud de admisión temporaria», explica el documento. «Falseando información que requiere la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) para la expedición de certificados de origen, obtiene un cambio en el origen, que le permite ingresar la mercadería China a México con preferencias arancelarias. Obsérvese que la mercadería china que los representantes de Dakar SA logran ingresar a México, es mercadería que ingresaría ‘fuera de cupo’, y por tanto tendría un muy elevado arancel que haría inviable la operación. Ahora bien, sólo a través de la estratagema de triangular la mercadería, engañando a las autoridades públicas (LATU) y privadas (CIU) competentes de nuestro país, se logra plasmar la operación, con un muy importante beneficio económico, y en perjuicio de la renta fiscal de Uruguay y México, y en perjuicio de la imagen comercial del país, daño este último no mensurable en unidades monetarias», se destacó en la denuncia penal. Ante el Juzgado Penal de 5º Turno se denunció a Dakar SA y sus titulares León Stark y Jack Conijeski (directivo de la Cámara de la Vestimenta y de la Cámara de Industrias) y al despachante de Aduanas Braulio José López López, por una maniobra estimada en cientos de miles de dólares.

Computadoras de «papel de diario»

La tercera maniobra de defraudación que se narra en el Informe a Batlle se centra en las actividades de la empresa Digimond SA y sus conexiones con otras tres firmas, con las cuales se traían artículos de computación desde Estados Unidos hacia una Zona Franca, las computadoras se comercializaban en Uruguay pero se fingía reexportarlas a Chipre donde sólo llegaban cajas rellenas de papel de diario.

En el informe como en las denuncias ante la Justicia Penal y el Juzgado de Aduanas, se explica que a través de las empresas Direct Schange Corp. y Dexter Sales, de Miami, se enviaba a Uruguay equipos de computación que recibía en tránsito la firma Fuentclara SA, usuario de la Zona Franca Libertad, y que, previo cambio de los equipos informáticos por papel (hasta lograr el peso declarado en la caja), se reenviaba la mercadería a la empresa Cyprus Traiding Corp. de Chipre. Los artículos de computación se comercializaban como contrabando en Uruguay a través de la empresa Digimond SA, que pretendía legalizar la mercadería con la «compra» de facturas a empresas como Informarket Ltda., que no pudieron acreditar la procedencia de los equipos informáticos.

Por la maniobra, valuada en unos dos millones de dólares, fueron denunciados judicialmente las empresas Digimond SA, Dofirel SA, Fuentclara SA e Informarket SA y los empresarios Sergio Kozloviz Sonnenschein, Javier Enrique Lúgaro Izuibejeres, Miguel Angel Taboada Balsas y Julio Taboada Balsas. *