Lecheros alertas ante nuevos remates

Si bien hasta el momento la situación alcanzaría sólo a un productor rural maragato, el problema preocupa porque amenaza extenderse. El presidente de la Asociación Productores de Leche, Julio Roquero, dijo a LA REPUBLICA que la institución va a estudiar «caso por caso y vamos a estar defendiendo al verdadero productor para que no lo ejecuten».

En cuanto a este caso puntual, que involucra a un trabajador lechero de la zona de Cañada Grande cuyo capital no sobrepasa las 20 o 30 hectáreas de campo, la APL se mantiene «alerta», a fin de impedir «que eso pase». El productor, por su parte, estaría intentando negociar su deuda en forma directa con su acreedor, el Banco República. «Queremos que se solucione el problema del endeudamiento, que salga el proyecto de refinanciación a estudio del gobierno», subrayó Roquero.

En tanto, la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios denuncia que «desde hace más de un año en varios departamentos del país ha habido presión (…) sobre los remates judiciales…». Acusan, aunque sin mencionarlas, a las gremiales agropecuarias por pretender «impedir el curso legal de las ejecuciones determinadas por la autoridad Judicial». La Asociación de Rematadores «alertó a las autoridades exhortándoles su intervención» en estas situaciones. Consideran «que la reiteración de estos hechos que tienen como único fin obstaculizar el cumplimiento de una orden emanada de la autoridad judicial, utilizando para ello medios de presión, amenazas y coartando en definitiva las libertades y derechos individuales, sólo tienden a desestabilizar nuestro sistema democrático de Derecho y comprometen el futuro de las instituciones» .En tanto, la Federación Rural del Uruguay se define en sentido contrario: «Ante los remates judiciales y las movilizaciones que los productores espontáneamente realizan solidaria y pacíficamente, la FRU comunica a la opinión pública que estamos contra toda forma de violencia tanto en sus causas como en sus manifestaciones, sin que esto signifique resignar la defensa del productor rural y su familia, contra la ola de intimaciones, embargos y ejecuciones, que si bien se ajustan al Derecho, no corresponde a la realidad que vive el país. Que debemos buscar soluciones que contribuyan a la recuperación de la tranquilidad y de la economía, entre todos los actores involucrados, sin caer en facilismos que a nada conducen y sólo postergan la hora de la verdad».

Para los productores familiares y pequeños empresarios de los que en un departamento lechero como San José hay cientos, la preocupación crece día a día, ante la amenaza directa de las ejecuciones: «Significan primero el embargo de nuestros bienes con la consiguiente dificultad para seguir trabajando y luego la ejecución en remate público, que nos dejaría en un sólo acto sin nuestra fuente de trabajo y a toda la familia sin vivienda», testimonió a LA REPUBLICA uno de los pequeños productores consultados al respecto. *