BCU monitoreaba al Banco Montevideo desde febrero

Rodriguez Batlle explicó a los legisladores de la Comisión de Hacienda los controles que realizó la superintendencia de bancos: «Desde mediados de febrero tuvieron una disminución en sus niveles de depósito, que los fue poniendo en una situación difícil. Estas dificultades impactaron en términos generales a los niveles de capital y de liquidez de dichos bancos. Simultáneamente en el mes de febrero se decreta una supervisión intensiva por parte del Banco Central, que detecta determinadas operaciones del banco con integrantes del grupo poseedor de las acciones del Banco Montevideo y La Caja Obrera. Es así que luego de esa supervisión que se decreta el 25 de febrero, en marzo se instruye particularmente a que cese la concesión de crédito a empresas vinculadas y no se incremente la absorción de riesgos en esos sectores de empresas vinculadas».

«A su vez, se les impone la cancelación de algunas operaciones que estaban identificadas como que de ninguna manera se podían mantener. Se trata de compromisos que fueron individualizados y que asumió el Banco Montevideo con empresas vinculadas. Se les ordena particularmente su cancelación con fecha 7 de marzo. Es decir que había varias categorías de operaciones: algunas admitían un cierto plazo para su disminución y otras eran de disminución o cancelación inmediata», agrega.

Continuando con la supervisión, «en abril se le requiere un aporte de capital de U$S 45 millones para cancelar algunas de las operaciones de empresas vinculadas, y particularmente, la de un Fondo de Inversión de un banco de Gran Caimán con una representación en Uruguay vinculada al grupo propietario del Banco de Montevideo. Ese Banco es el Trade & Commerce Bank (TCB), con sede en Gran Caimán, que había tomado depósitos. Frente a los retiros de depósitos, algunos de ellos fueron asumidos por el Banco Montevideo. En ese momento, además de requerirle un aporte de U$S 45 millones, se solicita la presentación de garantías reales hipotecarias y prendarias para respaldar la deuda de ese fondo con sede en Gran Caimán. Entonces se le da un plazo de 18 meses para cancelar la totalidad del resto de obligaciones, lo que se les había pedido hicieran el 7 de marzo y no había ocurrido. La resolución de abril es parcialmente cumplida y el 24 de mayo hay un aporte de los accionistas por U$S 24 millones, de los cuales 19 millones de dólares se destinaron a la cancelación a las empresas vinculadas al grupo», señala.

Más adelante sostiene: «Con respecto al requerimiento de garantías reales, los socios presentan al Banco Central un conjunto de garantías, lo que da lugar al comienzo a la constitución de hipotecas de ciertos bienes inmuebles. Allí se incluyen bienes de carácter agropecuario, rurales de otra naturaleza, acciones de sociedades anónimas y algún inmueble de residencia de alguno de los socios».

Retiro de depósitos

«Si acumulamos el monto de retiros de depósitos desde diciembre, la suma de ambos bancos supera los 200 millones de dólares. Quiere decir que tenían U$S 600 millones de depósitos y la salida de esos dineros significó una pérdida del orden del 28%. Es así que el 3 de junio se le requiere una nueva capitalización de U$S 50 millones, recibiéndose como respuesta una promesa de capitalización de U$S 20 millones a efectuarse el 6 de junio, es decir, tres días después.

El 7 de junio se recibe un nuevo informe de la Superintendencia en el que advierte al Directorio el incremento de algunos de los saldos de las empresas vinculadas y la no cancelación de alguna de las operaciones que se había pedido por parte del Banco Central.

El 9 de junio se designa un veedor frente al agravamiento de la situación. Este veedor tiene facultades de veto de todas las operaciones que se vincularán al grupo; sin embargo, en los informes elaborados por el veedor se advierte que esta modalidad no es suficiente y se constata que alguna de las operaciones que estaban dentro de las categorías que debía vetar, igual se realizaron.

En el informe del 17 de junio la Superintendencia propone un mayor nivel de facultad para el veedor e ir al proceso de intervención que se define y aprueba el día 22.

Las fechas claves son el 7 de marzo para la primera resolución, el 25 de abril para la segunda, el 9 de junio para la tercera y el 22 de junio para la última.

El Banco Central decidió intervenir con desplazamiento de las autoridades estatutarias el día 22, fundamentalmente por dos razones: en primer término, porque el Banco necesita ser capitalizado y contar con liquidez, y en segundo lugar, porque es necesario analizar con mayor detalle las operaciones con las empresas vinculadas», concluye. *