Bensión propuso bonos del tesoro o leasing para el endeudamiento

La Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes tiene a estudio el proyecto de ley del Partido Nacional a través del cual se suspenden, hasta el 31 de diciembre próximo, los remates judiciales y extrajudiciales de bienes embargados del sector agropecuario.

En tal sentido, Bensión recibió ayer a los legisladores de la coalición de gobierno que integran la comisión legislativa, a quienes les planteó una solución que «no pase por la sanción de una ley de suspensión de ejecuciones».

El secretario de Estado propuso que a partir de negociaciones entre el Ejecutivo con la banca privada se logre una solución del endeudamiento donde existen situaciones de mora. Para de esta manera, a través de la compra de bonos del tesoro o de la instrumentación de un sistema de leasing, «poder corregir situaciones con dificultades y ambientar una solución definitiva».

El diputado Guido Machado, del Foro Batllista, sostuvo que su sector «ha sido conteste en que el mismo tratamiento que se plantea para la banca privada, fuera el planteado para la banca oficial, o sea que se ampare a deudores de hasta 300 mil dólares y con un tratamiento especial para productores de hasta 50 mil dólares».

«Queremos que haya una justicia en el tratamiento de los casos, premiando situaciones donde ha habido voluntad de pagar y hacer un esfuerzo en el cumplimiento de las obligaciones», añadió el legislador forista.

El parlamentario no descartó la posibilidad de que algunos legisladores de su sector apoyen el proyecto de ley del Partido Nacional si no se logra aprobar alguna solución alternativa.

Por tanto, la Comisión se encuentra en cuarto intermedio en el tratamiento del proyecto de ley hasta el próximo martes, cuando se definirá la postura final. Por su parte, el diputado del Nuevo Espacio Independiente Ricardo Falero se opone a «una suspensión lisa y llana de todas las ejecuciones», porque ello puede significar una «mala señal» para el sistema financiero internacional.

En tal sentido propuso, ante la comisión, que todos los deudores tienen derecho a solicitar en la sede judicial donde esté radicado el expediente del juicio ejecutivo, «una audiencia para poder conversar el deudor y el acreedor con respecto a la situación planteada y, eventualmente, ver si se puede llegar a una fórmula de acuerdo».

Propone además que, si el acreedor es una institución financiera privada, el Banco República (BROU) «también pueda participar de la audiencia, la cual tendrá que ser notificada por parte del juez con 10 días de anticipación a la realización de la misma».

«El sentido de esto es generar un mecanismo por el cual tendríamos un tratamiento particular para cada caso. Además, se le da la posibilidad al BROU de interferir y generar las políticas desde el punto de vista de las finanzas vinculadas a la producción agropecuaria que el Ejecutivo entienda convenientes para salir de la situación de crisis del país», señaló Falero. *