Políticas en la intermediación financiera y comercial

Desde nuestra perspectiva la intermediación debe ser encarada como eso, como una actividad que posibilite articular producción y consumo (en el caso del comercio) y ahorro e inversión (en el caso de las finanzas).

Por ello es necesaria una regulación activa en estas dos áreas, de manera de transformarlas en verdaderos canales de intermediación y no en una fuente de acumulación de riquezas por los poderosos.

1) El comercio

La primera definición general tiene que ver con la regulación de la competencia. En la esfera de la intermediación la competencia adquiere su máxima expresión, tanto la competencia entre productos de una misma rama como entre productos de diferentes ramas y entre los propios factores de producción, incluida la competencia entre trabajadores cuando en el país existen altos niveles de subutilización de la fuerza de trabajo. En ese sentido, la competencia lleva a una lucha desenfrenada por bajar los costos de producción, cuyas consecuencias más inmediatas, en especial en los países subdesarrollados, son:

* reducción de los costos del trabajo, que se traduce en salarios más bajos, que no cubren los niveles mínimos de dignidad y desregulación de las condiciones de trabajo;

* reducción de los costos de la materia prima o el producto industrial, que provoca un mal uso de los recursos naturales;

* eliminación progresiva de los pequeños y medianos productores, que contribuye a concentrar la propiedad empresarial.

Por todo ello, cualquiera sea la forma de intermediación, su principio general debe ser la regulación, que debe articularse con los principios generales del modelo y no significar, como ocurre en gran parte hoy en Uruguay, una fuente de ganancias monopólicas u oligopólicas de un pequeño grupo de grandes comerciantes.

Por ello proponemos modificar sustancialmente las reglas del comercio para que tengan en cuenta:

* la participación del Estado y los municipios en la comercialización y en la fijación de precios de referencia y márgenes de la comercialización.

* mecanismos de distribución e intermediación producción-consumo en todas las ciudades importantes del país, de manera de reducir los costos de transporte y contribuir, además a mantener las rutas y conservar el medio ambiente

* la definición de una verdadera política antimonopólica, como las que existen en muchos países, de manera de evitar la acumulación de poder económico y su impacto negativo sobre la producción y los consumidores.

* una prioridad a la venta de productos nacionales que deberá establecerse como un porcentaje mínimo por rubro, de acuerdo con las características particulares de cada rubro.

Estas reglas deben contar además con un conjunto de instrumentos de política concreta que posibilite la transformación estructural del sector.

Destacamos entre ellos:

* Un tributo por metro cuadrado para las superficies mayores de cierto metraje establecido, de manera de aumentar su expansión.

* Un fondo de reconversión para el pequeño y mediano comercio, financiado en una parte por el tributo anterior.

* Una política pública de estímulo a la conformación de redes de pequeños y medianos comercios, como requisito para acceder al Fondo de Reconversión.

* Estos apoyos al comercio deben vincularse a la existencia de relaciones laborales consensuadas, a la existencia de negociación colectiva y de fuero sindical.

* Dichas redes operarán bajo el estímulo del Estado en la compra de mercaderías, el transporte, el almacenamiento, entre otras actividades.

 

2) La política financiera

El objetivo central es la adecuación de las políticas financieras para transformar al sector financiero en un soporte de la producción y no está subordinada a la lógica financiera.

En esa dirección mucho se discute sobre la política que debe llevarse adelante en el sector financiero y sobre el camino que debe seguirse para lograr ese objetivo central de la subordinación de los flujos financieros a las necesidades de la producción. En su momento se habló de estatizar la banca o de nacionalizarla; otras veces escuchamos hablar de regular los movimientos de la banca privada. Sin embargo, una política para el sector financiero que ponga el acento en su articulación con la producción –una articulación virtuosa y no viciosa como la actual– no parte exclusivamente de modificar la estructura de la propiedad ni las reglas de juego del sistema bancario.

El eje de la política financiera reside en primer lugar en la utilización, con fines de estímulo selectivo y sectorial a la producción, de los fondos que hoy tiene el Estado (es decir la banca ya estatizada) a través del BROU y el Banco Hipotecario.

Por lo tanto, la política financiera que proponemos debe centrarse en la redefinición del rol de la banca estatal. Es decir, que ya existe una banca estatal que pueda hacer un uso eficiente de los recursos en aras de un modelo nacional. Sólo se trata de utilizar dicha estatización.

Las medidas que se proponen son:

* Definir un plan de créditos de largo plazo del BROU con tasas preferenciales y plazos acordes con las condiciones de competencia para aquellos sectores, ramas y empresas declaradas estratégicas de acuerdo con el plan productivo consensuado según los criterios ya manifestados.

* Modificar el sistema de garantías que permita que el acceso al crédito preferencial esté vinculado con la calidad del proyecto y su articulación con los objetivos globales de la política económica y no tanto con el poder que ostenta quien lo presenta.

* Eliminar el encaje obligatorio de los depósitos públicos ya que encarece de manera arbitraria sus costos y, por tanto, el crédito.

* Eliminar, al menos en estas líneas, el Impuesto a la Actividad Bancaria (Imaba) que, lejos de ser un impuesto al sistema financiero, es un impuesto a la producción, ya que los bancos lo trasladan al costo del crédito.

* Sustituir el anterior por un impuesto a los débitos bancarios.

* En este último priorizar en el gravamen los movimientos financieros de corto plazo, dado que la única garantía para una política de créditos de desarrollo es contar con fondos de largo plazo.

 

En síntesis, nuestra propuesta parte de reconocer la enorme potencialidad resultante de que la banca estatal sea la empresa líder, por tamaño y presencia, del mercado financiero. Sobre la base de ese reconocimiento, hay que definir qué hacer con nuestros depósitos para promover las producción de bienes y servicios considerados estratégicos.

Este es un artículo que forma parte de una serie de notas estratégicas sobre el modelo alternativo; sin embargo no podemos obviar en este análisis la situación actual del sistema bancario, porque ella nos muestra las debilidades de una política financiera per se, que no ha sido articulada a la producción y que, en un momento de crisis productiva, laboral y social, se debilita fuertemente, corriendo riesgo el sistema financiero mismo.

Por ello este es un buen momento para discutir las modificaciones estructurales que fortalezcan al sistema financiero y lo transformen en un verdadero sostén del desarrollo productivo. *