Plantean posible salida al corralito

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, explicó que las nuevas normas -que aún deben ser avaladas por el Congreso-, proponen «un reparto equitativo» de los costos de la crisis e intentan crear un sistema financiero nuevo y estimular la actividad económica maniatada por la escasa circulación de dinero y cuatro años de recesión.

El funcionario formuló esas apreciaciones en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en la que dio detalles del decreto firmado el viernes por el presidente Eduardo Duhalde, y subrayó el carácter «voluntario» de las opciones que se ofrecen a los ahorristas.

La decisión del gobierno mantiene la imposibilidad de recuperar los depósitos de inmediato, porque ratifica la «reprogramación» de su devolución a varios años de plazo, pero documenta las tenencias con certificados negociables (denominados Cedro) y ofrece la opción de canjearlos por bonos (Boden) a tres, cinco o diez años.

Ambos papeles podrán negociarse en la bolsa de valores, resignando parte de su valor nominal según dicte el mercado, pero los Boden podrán utilizarse además para comprar automóviles y máquinas nuevas e inmuebles a construir, lo cual lleva implícito el propósito de estimular actividades con alta ocupación de mano de obra.

«Esto se diferencia absolutamente del sistema compulsivo que fue ensayado en otros momentos (…) porque estos esquemas compulsivos no repartían equitativamente los impactos del colapso financiero», explicó el ministro.

Lavagna sostuvo que el plan «permite a los ahorristas en dólares volver a recuperar esa nominación por la vía de bonos públicos con un rendimiento muy atractivo y la transparencia que da la cotización en bolsa».

Precisó además que los bancos van a ser compensados, también en bonos, «por la pesificación de créditos y depósitos», dado que en los primeros los valores en dólares fueron pasados a pesos a razón de 1 a 1 y en los segundos, en cambio, se aplicó la equivalencia 1 a 1,40.

Esta compensación, largamente reclamada por los bancos, tendrá un costo fiscal de 9.500 millones de dólares, según precisó el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, en la misma reunión de prensa.

Lavagna admitió, no obstante, que algunos bancos no están conformes con este esquema que, en cambio, recibió apoyo de entidades empresarias representativas de la industria, como la Unión Industrial Argentina, Adefa (automotores), Copal (alimentos), CAC (construcción); del comercio exterior, como la CAC y la CERA (exportadores) y del mercado de capitales (Bolsa de Comercio), según detalló.

Del segmento financiero los apoyos provinieron de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina, que nuclea básicamente a entidades estatales, regionales y cooperativas, e individualmente de algunos de los integrantes de la Asociación de Bancos de la Argentina, donde se concentran las filiales de las entidades internacionales.

Lavagna expresó su optimismo respecto de la actitud que tendrá el Congreso sobre este decreto. Dijo que «los legisladores están informados y en múltiples contactos hemos recogido que aprecian el carácter voluntario del plan y su característica de generar opciones» para los ahorristas.

El decreto da el puntapié inicial para la formación de un nuevo sistema financiero paralelo, con operaciones «totalmente libres» de depósito y crédito, con todas las opciones de monedas y plazos.

Lavagna advirtió que el éxito de esta iniciativa, crucial para reconstruir el sistema financiero, «depende muchísimo de la capacidad que tengan los propios bancos de volver a acercarse a sus clientes».

«El propósito es que el sistema libre se expanda progresivamente y el ‘corralito’ se vaya disecando», acotó Nilsen. *