Los funcionarios del INC pidieron renuncia del Directorio y rechazaron venta de tierras

«Para ser eficiente y reactivar el organismo realmente hay que apoyar al productor colono y trabajador rural que quiera ingresar al INC. Se le deberá dotar al mismo de recursos presupuestales acordes y mejorar la gestión de lo que actualmente tiene; pero con la salvedad de que si existe macrocefalía lo que se debería hacer, en todo caso, es reducir al mínimo el aparato político del ente, el cual incide en más de 15% del presupuesto y se sustituya por personas idóneas y de reconocida capacidad en la materia como marca la Constitución», sostiene el gremio en declaración a la que accedió LA REPUBLICA.

Considera que «el colono beneficiario debe advertir esto y salir en su defensa junto con todas las gremiales agropecuarias, que agrupan a chicos y pequeños productores y que reconozcan en la Ley 11.029 –ley de creación del INC–, una herramienta válida para el trabajador rural y su familia».

Venta de tierras

Los trabajadores entienden que en caso de venderse las tierras (unas 240.000 hectáreas) se comercializarían «a un precio de liquidación», debido a que los productores pasan por una situación de baja rentabilidad en la producción que «dificultaría el pago de la renta y con mayor razón enfrentar obligaciones de compra de tierra; y si a esto se agrega un plazo de 30 años no habría retorno capitalizable para el ente y menos si tenemos en cuenta que no ingresan tierras al INC desde hace 10 años».

«El plan de venta de tierras, que sustituirá paulatinamente el tradicional régimen de arrendamiento, no sólo desplaza al pequeño productor rural, sino que pasa a atender a una franja de «interesados», que no encuadran dentro del espíritu de la Ley 11.029. Este estrato estaría conformado por inversores extranjeros, productores ganaderos mayores que ven la posibilidad de ampliar sus áreas, especulando con la baja de precios», agregan.

Sostienen que el INC debe arrendar las fracciones libres, tendiendo a cumplir los cometidos de la ley, beneficiando a los 2.800 aspirantes a tierras. «La mayoría de ellos son pequeños productores con necesidad de tierras e inseguridad en su tenencia, que deben entregar las que ocupen, que pagan rentas muy superiores y otros son hijos de colonos que desean independizarse e iniciarse con ayuda de los padres y quedarse en el campo con su familia como medio de vida, evitando la emigración a la ciudad».

«El INC debería salir a comprar tierras, adquiriendo aquellos campos de más de 1.000 hectáreas, que están en vía de remate público, evitando la liquidación de los productores, a los que fuesen trabajadores directos del campo, se les podría adjudicar una fracción del mismo, y con el resto del fraccionamiento, arrendarlo y pagar el supuesto acreedor o administrador el bien. Las autoridades agropecuarias deberían fortalecer esta idea y los representantes nacionales legislar para llevarla a cabo», indican.

Traslado de regionales

Los trabajadores consideran que el traslado de las regionales tiene «un costo muy alto» y significa «una repartija de traslados, comisiones, perjuicio a los funcionarios, venta de oficinas, acomodos varios que no hacen a los fines del INC ni a su eficiencia, ni reactivación y buen funcionamiento».

«Pero a todos estos supuestos no existe reestructura que interna y orgánicamente respalde la propuesta.

No hay apoyatura legal, como no hay objetivos ni fines que justifiquen. Afinco sucesivamente ha solicitado participar con objetivos y fines claros y el Directorio contestó que no hay tal reestructura», afirman. *