Proponen decomisar los bienes de las panaderías "piratas"

El Centro Industrial de Panaderos del Uruguay (CIPU) reclamó en una asamblea nacional realizada en Durazno, una política más enérgica de parte de los municipios hacia las panaderías ilegales.

Esta gremial elevó un nota a los intendentes de todo el país donde se propone el decomisar la maquinaria y vehículos que utilicen los establecimientos clandestinos.

A esto sea grega la solicitud de que no se entreguen más permisos precarios para este tipo de establecimientos y se unifiquen los criterios a nivel nacional en el otorgamiento de las habilitaciones.

El CIPU conjuntamente con panaderos de cada departamento solicitará a las autoridades que resulten electas en los comicios de mayo que en un plazo de 60 días, tras asumir el cargo, realicen un relevamiento para determinar «con precisión» la ubicación de todos los centros de elaboración y cocción de productos panificados.

La gremial informó que el sector panadero ocupa directamente a 12 mil personas, pero la ilegalidad está empujando a muchos empresarios al cierre o pasarse al trabajo clandestino.

En los últimos 8 años esta modalidad (la panadería «pirata») le usurpó a los locales establecidos el 25% del mercado de la venta de pan.

Dentro de los establecimiento ilegales y según la CIPU, los productos no cuentan con los controles sanitarios ni fiscales municipales.

Las cifras a esta altura son por demás alarmantes. El 60% del pan y otros alimentos que se elaboran en el interior del país se hace de manera ilegal, según se informó durante el encuentro en Durazno.

Esto lleva a que la población corra un serio riesgo sanitario dijeron fuentes de la gremial de panaderos.