"Confiscan" en Argentina fondos de pensión para pagar la deuda
Según informaciones conocidas ayer por LA REPUBLICA, el presidente argentino llegará a Uruguay el viernes 21 para participar de una reunión de la Asociación Latinoamericana de Integración, y a la vez reunirse con el presidente Jorge Batlle.
La agenda primaria marca estas dos actividades, aunque la fecha del viaje se podría adelantar para el jueves 20 o posponer, de acuerdo a cómo se encuentre la situación en su país. No obstante, De la Rúa permanecerá en territorio uruguayo por pocas horas. Es que la situación en Argentina parece no tener un fin muy claro. Ayer y a duras penas el gobierno argentino se aseguró fondos para enfrentar sus vencimientos de deuda de los próximos dos meses con dinero que le será prestado obligatoriamente por los fondos de pensión, al tiempo que digiere la renuncia del viceministro de Economía, Daniel Marx.
Poco después de anunciar que dejaría su puesto, el funcionario aseguró que se cancelaba en la pasada jornada un vencimiento de Letras del Tesoro por 700 millones de dólares.
De no haberlo hecho, Argentina entraría en incumplimiento de su deuda, cuyo valor total es de 132.000 millones de dólares, en lo que sería la moratoria de deuda más grande de la historia.
Por ahora el gobierno parece haber evitado la cesación de pagos, aunque con recursos que pertenecen a las empresas que gestionan los fondos de pensión locales (AFJP), que fueron obligadas a comprar títulos públicos para financiar al Estado.
Ayer a última hora se estaba abonando a los acreedores. Cavallo confirmó en conferencia de prensa que se había pagado y descartó una devaluación ya que dijo que de producirse sobrevendría un caos. Para Cavallo, Argentina vive tiempos difíciles, pero no de catástrofe. Marx había explicado horas antes que el pago se realizaría con el dinero que las AFJP tuvieron que poner forzosamente a disposición del Estado. Los fondos de pensión tuvieron que prestar obligatoriamente al gobierno después de que el presidente, Fernando de la Rúa firmara un decreto que les obligaba a retirar sus fondos en cuentas bancarias para comprar una nueva emisión de Letras. Una fuente de un fondo de pensión dijo a la agencia Reuters que, con la compra por decreto de bonos por parte de las AFJP, el gobierno cuenta con 1.100 millones de dólares con los que puede hacer frente a sus vencimientos de diciembre, enero y parte de febrero.
Lo de ayer
En el caso específico del vencimiento de este viernes, el gobierno pagó 200 millones de dólares en efectivo, 300 fueron abonados con los fondos de las AFJP y el resto fue refinanciado por los actuales tenedores, especialmente bancos locales. El próximo desafío será el viernes 21, cuando el gobierno debe cancelar Letras por un valor de 400 a 500 millones de dólares. Argentina está embarcada en una reestructuración de gran parte de su deuda pública para evitar un incumplimiento que aterroriza particularmente a los inversores internacionales.
Las posibilidades de que el gobierno argentino se viera obligado a dar ese paso aumentaron hace dos semanas, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió suspender un desembolso con el que contaba el país para cancelar deuda. Esto, además, fue una clara señal de que le retiraba su apoyo al país porque no cumplió con una promesa de eliminar su abultado déficit fiscal.
Seguir adelante
El objetivo del gobierno argentino es evitar como sea un incumplimiento de pagos mientras avanza la reestructuración de la deuda. Pese a su alejamiento, Marx confirmó que seguirá siendo el negociador de la operación pero el equipo económico pierde a un hombre que, por sus contactos, siempre fue considerado «indispensable». Aunque aclaró que se retira por motivos personales, hace unas semanas fuentes cercanas a Marx y al resto del equipo económico admitieron que las relaciones entre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y su viceministro eran muy malas. La reestructuración busca reducir la carga financiera del Estado, que paga cada año unos 10.000 millones de dólares en intereses, lo que ahoga a la economía. La primera etapa de esa operación, entre inversores locales, ya fue completada y le permitirá al gobierno ahorrar el año próximo 2.357 millones de dólares en pago de intereses. Pero, ahora llega la etapa más difícil, que consiste en convencer a los renuentes tenedores extranjeros de que acepten la reestructuración. *
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