Fondos de pensión canjean deuda

«Estamos en niveles de unos 16.500 millones (de dólares) valor nominal, equivalentes a casi 11.300 millones a valor de mercado», dijo un gerente de una de las 12 administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) del sistema.

Agregó que «la voluntad de ir al canje es amplia (entre todas las AFJP), pero habrá que ver después cuánto es lo que acepta el gobierno».

Dos fuentes del mercado de fondos de pensión confirmaron el dato. El gobierno argentino lanzó una propuesta de canje de hasta 60.000 millones de dólares entre inversores locales, en un primer tramo, para reprogramar gran parte de su abultada deuda soberana de 132.100 millones de dólares. El próximo viernes cierra el plazo de oferta. Los poderosos fondos de pensiones argentinos son los principales inversores institucionales del mercado al controlar una cartera de activos cercana a los 21.000 millones de dólares, de los cuales más del 50 por ciento están conformados por una variada deuda pública.

Misión de FMI examina

Una misión del FMI comenzó ayer a revisar las cuentas públicas del gobierno argentino para evaluar si autoriza un desembolso de fondos en un momento crítico para el futuro de una masiva reestructuración de deuda lanzada recientemente por el país.

El encargado del programa argentino del organismo, Thomas Reichmann, se reunió con el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, para analizar el resultado fiscal del tercer trimestre de 2001 y armar el programa para el año próximo.

El equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa puntualmente si el Ministerio de Economía cumplió con una meta fiscal pautada para el lapso julio-setiembre, mientras el gobierno busca un pacto de unidad con empresarios, la oposición y sindicalistas para dar una buena señal al organismo.

«Estoy aquí para ver cómo poder colaborar a la formulación del programa para el año 2002. Nos estaremos yendo a mediados de la próxima semana», dijo Reichmann a los periodistas. Dentro de las conversaciones es inevitable que esté incluida la reestructuración de deuda por valor de hasta 102.000 millones de dólares, cuyo tramo doméstico termina esta semana. Aún no hay una fecha para lanzar el canje global. La operación, que puede convertirse en la más grande jamás realizada por un país emergente, busca reducir el peso de los servicios de la deuda sobre el Estado y las provincias argentinas, cuya capacidad de pago fue diezmada tras casi cuatro años sin crecimiento económico.

Un potencial incumplimiento en la deuda pública de Argentina preocupa al FMI, que en agosto accedió a desembolsar una nueva ayuda financiera para el país de 8.000 millones de dólares, que se suma a otra aprobada en diciembre pasado por 14.000 millones.

Números en rojo

Para todo el año, el Ministerio de Economía calculó la semana pasada un desequilibrio fiscal de 7.823 millones de dólares contra una meta de 6.500 millones con el FMI.

Este desfase se producirá pese a un plan lanzado por el gobierno en julio para llevar a cero el déficit fiscal del Estado en el segundo semestre, a través de impopulares recortes en salarios de empleados públicos y pensiones.

A pesar de estos ajustes, y de que el Estado prácticamente ya no salda sus cuentas con los proveedores, la continua caída de la recaudación impositiva hizo volar por el aire la iniciativa, lo que incrementó la desconfianza de los inversores frente el país. En este marco, el gobierno enviará esta semana su proyecto de ley de presupuesto para 2002, que incluye drásticos recortes de gastos pero que, sin embargo, podría ser bloqueado por la oposición peronista, que controla el Senado y desde el próximo 10 de diciembre tendrá la primera minoría en la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Domingo Cavallo, dijo que espera que el FMI comprenda el desfase fiscal, lo que abriría la puerta a que el organismo otorgue una nueva dispensa al país, de las muchas que le concedió en los últimos meses.

Con el compromiso del tercer trimestre cumplido, el FMI debería desembolsar a Argentina 1.260 millones de dólares, necesarios para que el país pueda afrontar vencimientos de deuda en lo que resta del año. *