Importadores de vehículos solicitan reducción de la presión fiscal

Los integrantes de la Cámara, que agrupa a los importadores de vehículos provenientes de extrazona (Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Kia, Daihatsu, Daewoo, Dacia, Mazda, Subaru y Tata) remitieron un informe al Ministerio de Economía y Finanzas en el que recuerdan que «el 50% del precio de venta al público de un automóvil está constituido por impuestos indirectos, lo cual pone en evidencia la altísima presión fiscal que soporta el sector».

Pero, además de la tributación indirecta, recuerdan que debe sumarse «el peso del impuesto a la renta que recae sobre los escasos márgenes de rentabilidad de nuestras firmas, al tiempo que el stock de vehículos y repuestos está sujeto al pago de impuesto al patrimonio». En su opinión la estrepitosa caída de las ventas «es la respuesta del mercado a tan desmesurada presión fiscal», por lo que se preguntan «si no resulta más conveniente para mejorar la recaudación, reducir el ensañamiento fiscal».

En cuanto a los volúmenes de venta, en 1998 se vendieron 37.000 unidades 0 km, pero ya en 1999 se redujo drásticamente y pasó a 19.570, en 2000 fue de 17.497 y lo que se estima que se venderá en 2001 no alcanzará a 15.000 unidades mientras que lo estimado para 2002 es de 12.000.

Los importadores entienden que un aumento de la presión fiscal «no supondrá un aumento en la recaudación» debido a la caída de la ventas y sugieren que si lo que se busca es aumentar la recaudación «se debe considerar una disminución de la presión fiscal y la reducción del gasto público». Concluyen que es por ello que «no debería incrementarse el Imesi cuando se apruebe el acuerdo sobre Política Automotriz del Mercosur, PAM, o cuando se disponga la unificación de la tasa del IVA».

Desigualdades

En su misiva al Ministerio de Economía sostienen que ciertas marcas de automóviles han aumentado significativamente su participación en el mercado por la vía de subsidios concedidos por el gobierno. «Esos subsidios llevan a que ciertas marcas puedan ofrecer sus vehículos en el mercado interno a precios de ruina para el resto de los representantes de marcas que no han recibido dichos beneficios».

Afirman que «las empresas armadoras nacionales (Peugeot, Renault, Citroën) han sido altamente beneficiadas por el Decreto 60-999 que permite la reducción del monto aplicable en concepto de cualquier tipo de impuestos a las importaciones de vehículos automotores armados en origen. Como si esto fuera poco, por la vía de la declaratoria promocional, estas empresas han sido exoneradas de impuesto a la renta e impuesto al patrimonio por determinados montos y períodos».

Destacan asimismo que «el crecimiento en el mercado de los armadores nacionales ha sido a través de la venta de vehículos importados y no de «fabricación nacional», lo que resulta paradójico.

Es decir, los beneficios de la exportación de vehículos de «fabricación nacional» es utilizada para importar vehículo de origen (Francia) y no para vender vehículo de fabricación nacional en el Uruguay».

Es por ello que afirman que «todo esto nos lleva a pensar que la exportación no es más que un medio de escasa o nula rentabilidad para obtener una participación predominante en el mercado interno, donde está la verdadera rentabilidad del negocio».

La derogación del decreto

En su análisis afirman que «las inversiones que se han efectuado al amparo de las declaratorias promocionales han sido escasas y su amortización se ha logrado rápidamente por la vía de tener cautivo al mercado interno.

Por otra parte, el particular tipo de ensamblado que se realiza localmente y la escasa integración nacional de partes explican el hecho de que no se haya generado un número significativo de puestos de trabajo».

Entienden que «de verificarse los extremos expuestos, podríamos estar ante una inusual parodia de fabricación nacional montada con la única finalidad de subvencionar importaciones y de esa forma poco a poco tener cautivo a todo el mercado interno.

Muestra de ello es que el balance general de importaciones-exportaciones del sector automotor revela que las empresas que ocupan los primeros lugares como exportadores, son a la vez las que ocupan los primeros lugares como importadores».

Agregan que «antes de que las empresas que resultan perjudicadas por esta situación decidan retirar sus representaciones en el país, el régimen debe ser minuciosamente evaluado y ello porque estamos firmemente convencidos de que el resultado de la evaluación conducirá inevitablemente a la derogación del Decreto 60-99″.

El futuro

Cadiva advierte a las autoridades que «en las actuales condiciones recesivas que afectan a la economía nacional y regional, y frente a las condiciones de competitividad artificial y presión fiscal vigentes, es de esperarse la gradual desaparición de las marcas que representa Cadiva, el fortalecimiento de un oligopolio y el consiguiente perjuicio para la economía nacional, lo cual traerá aparejado también la pérdida de cientos de fuentes de trabajo, una sustancial caída en la recaudación del Estado y el perjuicio de los consumidores uruguayos que se verán privados de una amplia gama de ofertas en cuanto a precio y calidad». *