Cae el valor de la legitimidad y aumentan varios riesgos

La confianza se va agotando y el tiempo también. Restan seis semanas para que finalice la actual legislatura y aumenta el riesgo de ingresar al último año previo al lanzamiento formal de las campañas electorales sin avanzar en algunas transformaciones estructurales ineludibles del Estado. Sin ellas este país será ingobernable en poco tiempo. Ahora la confianza que se va agotando es aquella que relaciona a los ciudadanos con la legitimidad y la misma razón de ser de algunas instituciones públicas relevantes para el funcionamiento del Estado. Una de ellas es la Dirección General Impositiva, vértice clave de la transformación del Estado. Por razones injustificables el gobierno ha demorado más de un año en resolverse a librar esta batalla. Hace pocos días, esa transformación ha comenzado a ser discutida en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a partir de un proyecto de ley elaborado por un asesor personal del presidente Batlle, el contador Alberto Barreix. Pese a que este proyecto ya fuera modificado para hacerlo más digerible políticamente, es claro que genera resistencias que no se limitan a las expresadas en la reunión de marras. En realidad existe un amplio espectro de oposición que comprende sectores de todos los partidos y que no parece dispuesto a ceder un ápice en la defensa de la vieja estructura del Estado. Estas resistencias se tensan cuando se llega a reformas claves como las del organismo responsable de recaudar el 75% de los recursos con los que vive el gobierno. Algunas corporaciones se sienten agredidas en las bases mismas de su poder. Con lo que existe el riesgo de que el proyecto no sea aprobado o que, peor aún, sea aprobado un sucedáneo mediocre y de escasa utilidad. En contraste, la ciudadanía no va a poder seguir y controlar adecuadamente a sus representantes en el tema. No será convocada por nadie. No entenderá ni la trascendencia técnica del cambio propuesto ni mucho menos la lógica política que animará la disidencia. La que, por ejemplo, ya está ubicando los temas del financiamiento de la reforma como capítulos principales. Probablemente nadie dirá que sin una DGI apta, legitimada, con sus cuerpos de elite y represión propios mañana nadie podrá siquiera proponer en serio la discusión de un esquema de tributación más justo. No habrá, por ejemplo, discusión posible del impuesto a la renta personal. Porque es irrisoria la mera asociación de ideas entre la vocación y las posibilidades de la actual DGI para manejar un impuesto complejo como el de la renta personal.

 

El precio de la desconfianza

 

Pero el drama no es el futuro. Ahora la desconfianza es un intangible que ha comenzado a tener un valor para la gente. Con ella ya no sólo actúan los especuladores que hace buen rato conocen y juegan con su precio. Ahora la gente comienza a hacer sus cuentas. Comienza a percibir que la política no puede satisfacer esa demanda creciente de confianza que exige una sociedad en transformación obligatoria. ¿Cuál será su respuesta en tanto consumidor más atento? Sabrá que en el Uruguay el precio de no pagar ya no es igual y entenderá por qué seguirá bajando. Entenderá que ese precio se forma como sumatoria de la obligación legal moral, más las multas y recargos a las que se expone, más el valor que tenga en el mercado la legitimidad del recaudador. El valor de este último término está bajando precipitadamente, y en tanto también bajará el precio de no pagar. El resultado es obvio. En poco, a los efectos de la recesión se le sumará una mayor y más fundada especulación con el precio a pagar por la evasión. Con lo cual nos expondremos más aún a un desequilibrio explosivo de las cuentas públicas con consecuencias imaginables en el área de la economía y la política. El ministro Bensión realizó el martes una tímida advertencia al respecto. La hizo desde preocupaciones estrictamente técnico-fiscales pero con inferencias más amplias. Alguien debería agregarle consideraciones un poco más valientes aun en la perspectiva de lo que va siendo la consolidación de realidades en las cuales a cualquier fuerza política, en coalición o no, le será cada vez más difícil gobernar este país en el futuro. *