Funcionarios consideran "innecesaria" derogación de monopolios de refinación e importación

La Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) consideró innecesaria la derogación del monopolio de la refinación y de la importación de crudo a estudio en el Parlamento, rechazó el mecanismo de subasta pública para la asociación del ente petrolero con un socio estratégico y entendió que la gestión y la operativa de la empresa tiene que estar en manos del organismo.

Durante su comparecencia en la Comisión Especial de Servicios Públicos, el secretario general de Fancap, Germán Riet, explicó a los legisladores que el mecanismo de subasta planteado para elegir el socio «no asegura el discernimiento que entenderíamos que sería el mejor».

«Aquí se está pensando más en el aporte de una determinada suma de dinero, que luego le será restituida, y no se toma en cuenta el socio que presente el mejor plan de expansión de la empresa».

Además, criticó la «falta de objetivo » del proyecto de transformación de Ancap afirmando que debería estar presente, al igual que en 1931 cuando se creó el ente, el principio de «disminuír los grados de dependencia de las empresas extranjeras en la actividad petrolera del Uruguay, que es para lo que se creó el ente» y concluyó: «Por lo tanto pensamos que otorgar el 49% contra el 48% en la gestión y dirección de la empresa es un retroceso en los objetivos planteados».

No obstante, entendió que los objetivos básicos que se deberían cumplir serían: el incremento del patrimonio y el fortalecimiento de la empresa mejorando su competitividad, su gestión y su rentablidad. «El control de la gestión y la operativa de la empresa, por los menos en sus actividades en el Uruguay, debe estar en manos de Ancap y de sus funcionarios».

«La ley de desmonopolización de la refinación y de la importación de crudo no nos parece necesaria, porque es funcional y habilita un tipo de asociación donde otro que no sea Ancap va a realizar la refinación y la gestión de la empresa.

Entendemos que para el cumplimiento de los objetivos nacionales y su papel en la sociedad uruguaya, ésta debe hacerla la Ancap estatal». «Nos parece incoveniente este proyecto de ley de desmonopolización porque habilita el camino político del uso del artículo 14 de la Ley de Desmonopolización de Alcoholes, que se aparta de lo que a nuestro juicio está claramente establecido en la Constitución», afirmó.

«Inconstitucional»

«Desde nuestro punto de vista, los procesos de asociación de capital privado con una empresa pública están claramente establecidos o delimitados por el artículo 188 de la Constitución.

Sin embargo, en 1996, en la Ley N° 16.753, de Desmonopolización de Alcoholes, se estableció que Ancap podía asociarse con empresas de capitales privados o con empresas públicas en distintas áreas que no fueran monopólicas de su actividad», indicó Riet.

Explicó que en su momento el sindicato entendió que este artículo era inconstitucional. Entonces «se planteó el recurso correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia, pero ésta entendió que no éramos sujeto habilitado para hacer esta impugnación, por lo cual no se expidió sobre el fondo del asunto». «Estamos convencidos de que este proyecto de desmonopolización está habilitando un camino político para la asociación de Ancap.

Si bien esto está vigente por el artículo 14 de la Ley de Desmonopolización de Alcoholes de 1996, insistimos en que es inconstitucional y, además, no es el mejor camino para lograr los consensos y los acuerdos tendientes a dar estabililad a las políticas del Estado».

Haciendo referencia a las obras de la refinería de La Teja, señaló que el tema de la ampliación y la modernización de la Refinería de La Teja «ha ocasionado una imagen, al menos de improvisación, o de no tener una estrategia claramente establecida y lamentablemente también ha supuesto una importante pérdida económica para el país y para la empresa, y una demora en la consecución de objetivos tan sentidos, fundamentalmente por la población, como eliminar el plomo de los destintos tipos de nafta».

Sostuvo que el hecho de tener una idea global de las decisiones que se tomarán sobre la empresa y del marco regulatorio en lugar de ir improvisando, está planteando como una exigencia desde el punto de vista social.

«Hay que tener en cuenta que de la industria de los combustibles en el Uruguay viven 13.000 familias, de las cuales solamente 2.000 corresponden a Ancap, pues el resto está en la actividad privada».

El dirigente de Ancap manifestó su preocupación acerca de la falta de definición del conjunto del proceso desde una óptica estrictamente empresarial. «Nos preguntamos si se llega a la decisión de la conveniencia de un negocio de asociación con Ancap, ¿las inseguridades jurídicas –por no tener un marco regulatorio claramente establecido– no están restando valor a esa asociación? ¿No están creando inseguridades a las mejores empresas, a los mejores socios que puedan acudir a esta posibilidad de asociación con Ancap?».

«Entendemos que el marco regulatorio de la actividad –en el que obviamente está influyendo en la forma importante el proyecto de desmonopolización– debe definirse previamente, marcando las reglas del juego en las que deberá inscribirse la trasnformación de la empresa Ancap», aseguró. *