Antel pierde por año U$S 10 millones por competencia calificada de "ilegal"

La proliferación de estas empresas, que operan desde Argentina, Estados Unidos e incluso desde Uruguay, fue calificada como «actividad ilegal» por el gerente comercial de Antel, Osvaldo Novoa. No obstante reconoció que al no existir una legislación que impida estas actividades, no se pueden tomar medidas. La situación preocupa a Antel quien ha perdido en los últimos años el 10% de su tráfico internacional.

El último caso conocido en este tipo de operaciones se trata de una empresa argentina (Servatem), la que comenzó una campaña en nuestro país asegurando que brinda un servicio de telefonía internacional con tarifas que son hasta de un 50% inferiores a las que cobra Antel.

La campaña a nivel nacional se efectúa mediante mails (coreo electrónico), habiéndose enviado miles de estos a uruguayos que poseen casillas de correos en servidores nacionales, entre ellos el que pertenece a la empresa estatal (Adinet).

Servatem ofrece este mismo servicio en Argentina y entre sus clientes señala que se encuentran firmas como Castrol, Volvo Motors, Delta Hotels and Resorts, Daewoo Motors, DHL y Procter & Gamble.

En su carta de presentación, se señala que «desde Uruguay a cualquier país del primer mundo (por ejemplo Japón, España, Alemania o Italia) use su teléfono con un costo de U$S 0,37 por minuto». En el servicio prestado por Antel el costo a los países mencionados es de U$S 2,25 el primer minuto y U$S 0,88 los minutos siguientes, estos valores sin IVA.

La empresa argentina agrega que el minuto se factura en fracciones de 6 segundos, las llamadas no tienen impuestos, ni costos administrativos u obligaciones contractuales, siendo las tarifas válidas las 24 horas de todos los días del año. En la misiva, firmada por María Eugenia Perasso, en nombre de Servatem, se aclara que en Uruguay, la empresa prestadora de los servicios (en ningún momento se menciona la palabra Antel) «aplica altos costos en sus tarifas telefónicas y ejerce un monopolio que encarece, como en otras naciones latinoamericanas, los costos finales».

 

El sistema

Según pudo saber LA REPUBLICA el sistema que emplea Servatem, es similar al denominado «callback», teniendo la base principal de operaciones en Canadá. La facturación de las llamadas realizadas se efectúa mediante tarjeta de crédito internacional, cheque o giro bancario, y a través de Internet se puede consultar cuánto va gastando el cliente. El sistema (que puede parecer un poco complicado) es explicado de la siguiente manera: Marca desde su teléfono un número telefónico en Canadá proporcionado inmediatamente después de sus suscripción al servicio. Las instrucciones indican: «Deje timbrar una vez y cuelgue (esto no genera ningún gasto ya que no se concreta la llamada). Aproximadamente 10 segundos después, recibirá una llamada desde Estados Unidos invitándolo a hacer su llamada». Es aquí donde el sistema comienza a operar ya que desde ese momento usted realiza llamadas como si las estuviera efectuando desde Norteamérica: se debe marca 011+ código de país + código de ciudad + número.

En cuanto a los consumos, la empresa señala que los mismos se consultan a través de Internet, dándose a conocer detalles del número al cual se llamó, la duración, el origen, el destino y el importe. Agregan que otra ventaja es que el valor del minuto es fraccionado cada 6 segundos a partir del segundo 30 «por lo tanto si usted efectúa una llamada de 66 segundos, se facturarán 66 segundos, constrariamente a su actual compañía que le facturaría 120 segundos en este mismo caso», se agrega en las instrucciones.

 

«Actividad ilegal»

Ante la situación planteada por la incursión de Servatem, LA REPUBLICA consultó al gerente comercial de Antel, Osvaldo Novoa, quien admitió que el ente «tiene conocimiento» de la existencia de empresas que ofrecen el servicio de llamadas internacionales a menor costo que la empresa pública, aunque advirtió que para él esta actividad es ilegal. Estimó que la empresa pública uruguaya pierde por la competencia en este servicio alrededor de 10 millones de dólares por año.

«Para dar ese servicio se necesita tener autorización del Poder Ejecutivo, pero sabemos que hay empresas que lo están brindando, pero de forma ilegal» subrayó.

Novoa no tenía conocimiento del caso concreto de Servatem, pero recalcó que son varias las firmas que operan con este sistema, las que instan a sus clientes a realizar una llamada a un número asignado en Argentina o Miami, desde donde se los vuelve a llamar y se les dá un tono libre, para que el interesado realice la llamada que desee a cualquier parte del mundo. De esta manera esa llamada pasa a tener origen en otro país, como ser Estados Unidos o Canadá. Las empresas generalmente realizan la facturación, que es de un costo inferior a la de Antel, a traves de una tarjeta de crédito.

 

Vacío legal

Novoa advirtió que existe un vacío legal en la materia y que es prácticamente imposible tomar una medida técnica que frene este sistema, sin afectar a sus clientes. Pero como antecedente, señaló que la empresa estatal uruguaya resolvió recientemente el bloqueo de un teléfono que era promocionado por una firma para realizar este tipo de transacciones. El jerarca agregó que Antel no está trabajando en la parte regulatoria para poder detener esta situación, ya que esa tarea es resorte directo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Dirección Nacional de Comunicaciones.

Para ejemplificar los daños de esta competencia calificada como «ilegal», el ente de las comunicaciones ha perdido en el último año el 10% de su tráfico internacional. En lo que concierne a Estados Unidos (desde donde operan la mayoría de estas empresas) el tráfico saliente (o sea las llamadas hechas desde Uruguay hacia esa nación) no creció en los últimos dos años, pero si aumentó un 11% el tráfico entrante desde la nación norteamericana. Esto se explica porque la empresa que ofrece este servicio paga al volver a llamar al cliente, pero sólo 20 centavos de dólar el minuto, fijando luego para el cliente su precio y la ganancia por el margen de intermediación.

Novoa estimó que la empresa pública de telecomunicaciones pierde de facturar debido a la incidencia de este tipo de servicios, alrededor de U$S 10 millones por año.