Un proceso difícil, al que no se puede renunciar

El jueves pasado, el vicepresidente de ANP, capitán de navío (r) Gastón Silbermann, y el gerente general, ingeniero Alberto Díaz, se reunieron con el director ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), licenciado Diego Mariaca Oblitas, a fin de profundizar y ampliar la cooperación entre ambas instituciones. En la reunión se logró un acuerdo para ratificar el Memorando de Cooperación suscrito entre ambas instituciones, firmado en el año 2007 por este gobierno, y para desarrollar de manera conjunta un Reglamento Operativo por los puertos uruguayos para las cargas bolivianas en tránsito desde Bolivia.

Asimismo se acordó que Bolivia podrá considerar a los puertos uruguayos como centros de distribución y las mercancías bolivianas en tránsito podrán tener almacenaje liberado en régimen de Puerto Libre.

También se acordó que ASP-B designará un funcionario boliviano para el Puerto de Montevideo a partir de enero de 2010, y que ANP brindará la instalación necesaria para este funcionario en las oficinas portuarias.

Urugay también ofreció a Bolivia un espacio propio en el futuro puerto de La Paloma.

Existe interés de Bolivia para utilizar el Puerto de Nueva Palmira y el de Montevideo para movilizar la carga de su comercio exterior. El objetivo de Uruguay es asegurar a Bolivia «una salida al mar» a través del Puerto de Nueva Palmira, ubicado en la desembocadura del Río Uruguay, en el Río de la Plata.

Según los gobernantes bolivianos, las condiciones de Uruugay son mucho mejores que las que ofrece actualmente Chile, por donde exportan sus mercaderías. Agregan a las condiciones que impone uno y otro país que sacando o entrando sus mercaderías por Uruguay se accede al Atlántico, es decir Europa y el este de EEUU.

Pero no todo es color de rosa, ya que ambos países deben lograr que Argentina y Paraguay autoricen a los prácticos bolivianos y uruguayos a conducir los buques por la Hidrovía Paraná-Paraguay, permiso que hoy no existe, por lo que la función la deben realizar prácticos argentinos y/o paraguayos, lo cual encarece de manera importante el costo del transporte.

Bolivia cuenta con otro problema; no sólo lo escaso del caudal del Río Paraguay, sino que además la ciudad brasilera de Corumbá se nutre para sus necesidades hídricas de dicho río en sus nacientes, lo que reduce su caudal. En definitiva, para que Bolivia pueda acceder a la Hidrovía Paraná deberá dragar unos 12 km.

Uruguay manifestó a Bolivia que está a disposición, en el río Uruguay, el puerto de Nueva Palmira en régimen de Puerto Libre para el almacenamiento de sus mercaderías, así como que dispondrán de facilidades, si así lo desean, para construir una nueva terminal. Se acordó impulsar y pedir a Argentina y Paraguay que otorguen un permiso transitorio para que los prácticos uruguayos y bolivianos puedan navegar por el Paraná.

 

El proyecto gasífero

Uruguay y Bolivia han conversado sobre formas de viabilizar el suministro de gas natural a nuestro país.

Actualmente existen dos posibilidades de hacerlo: a través de un gasoducto o a través de Argentina. La primera opción hoy no se discute, ya que se trata de una infraestructura de un costo millonario que ninguno de los dos países puede encarar. La segunda parece más real en los papeles, aunque la actual actitud del gobierno argentino no alienta mayores esperanzas.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner se acordó la autorización para que Uruguay recibiera 200.000 metros cúbicos de gas natural diarios provenientes de Bolivia. El sistema a utilizar es el conocido a nivel mundial como «swap», que consiste en qu,e si bien Uruguay no recibe el gas proveniente de Bolivia, Argentina se encarga de suministrarle la misma cantidad y al precio acordado con Bolivia.

Este acuerdo, que en otro clima de relaciones y con una decidida postura de integración regional, podría haber estado funcionando hace años, en los hechos no existe.

En pocas palabras, Uruguay podría estar recibiendo un abastecimiento seguro de gas natural que no recibe porque Argentina no pone en funcionamiento el sistema acordado hace años.