Exhortan a cambiar modelo productivo agropecuario

Exhortaron a las autoridades de la Educación, Salud y Agricultura a modificar la resolución «que legaliza la contaminación de niños y maestras de escuelas rurales».

La Red de Acción en plaguicidas (RAP-AL Uruguay) emitió un comunicado en el Día de la Educación Rural, ya que en nuestro país existen 1.140 escuelas rurales que atienden alrededor de 20.000 alumnos, y que «se ha producido un despoblamiento de la campaña que ha dejado como resultado el cierre de escuelas rurales en todo el país».

RAP-AL agrega que el despoblamiento de la campaña puede ser explicado, entre otras razones, porque «las familias se ven cercadas por el avance de los grandes monocultivos forestales y agrícolas» y que si bien «gran parte de nuestra riqueza está en el campo», los predios rurales están «cada vez en menos manos. El modelo de producción que se ha instalado en nuestro país está dirigido a una producción industrial sin agricultores».

 

El cerco

En diciembre de 2008 la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP resolvió prohibir la aplicación aérea de fitosanitarios a una distancia inferior a 50 metros, y a 30 metros en forma terrestre, de los predios escolares. RAP-AL recuerda que «hasta ese momento la contaminación de las escuelas estaba de hecho permitida», y que, lamentablemente, la medida «resultó totalmente insuficiente» y su aprobación motivó incluso cuestionamiento de entidades del Estado y ONG. «Si bien la resolución del MGAP reconoce de hecho el peligro del uso de estos venenos en las cercanías de las escuelas rurales, en realidad sólo sirve para darle una herramienta legal a las empresas agrícolas para proteger sus cultivos, y está muy lejos de proteger a los niños y las maestras de las escuelas rurales. Es fácil de entender que es imposible que escuelas rurales cercadas por monocultivos agrícolas, sembrados a pocos centímetros de sus cercas, no sean contaminación por aplicaciones de agrotóxicos a las distancias permitidas», expresa RAP-AL.

«El cerco de las familias del campo por parte de monocultivos agrícolas y forestales comenzó hace años, pero ahora son los niños y las maestras quienes están cercados y están siendo legalmente contaminados», agregan.

Exhortando a las autoridades competentes «a intervenir para lograr la modificación de esta resolución, que legaliza la contaminación de niños y maestras de escuelas rurales».

Señalando que «esta resolución puede ser fácilmente cambiada ampliando sustancialmente los metros de prohibición de aplicaciones con agrotóxicos, nunca será suficiente para impedir el éxodo de la población del campo».

Y que lo único que lo impediría sería «un cambio de modelo productivo, que apueste a la producción agrícola familiar y no a los monocultivos forestales y agrícolas» concluye Rapal Uruguay.