Zonas francas preocupadas por proyecto sobre lavado de dinero

Según dijo Daniel Carriquiry, presidente de la Cámara de Zonas Francas, en el proyecto de ley sobre lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo se incluye a los explotadores de zonas francas como sujetos a la obligación establecida en el artículo 1º.

Allí se obliga a informar a las personas físicas y jurídicas sobre las transacciones, realizadas o no, que a los usos y costumbres de las respectivas actividades resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. Asimismo, por esa obligación que se impone, deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a los efectos de prevenir el delito de lavado de dinero y, a su vez, el de financiamiento del terrorismo.

Carriquiry dijo que «la Cámara de Zonas Francas entiende que el combate del lavado de dinero y del terrorismo es una prioridad para el país y para sus asociados», aclarando que no se está en contra de participar en el control de las actividades. «Todo lo contrario, nos unimos a los esfuerzos para ello», dijo.

Acotó que la Cámara que preside comprende las razones de la política de Estado que han llevado a incluir, frente al lavado de activos, a los explotadores de zonas francas como sujetos obligados en el proyecto de ley a consideración del Parlamento.

La logística, la industria, la informática, la biotecnología o los servicios de telecomunicaciones que no se han incluido como actividades de riesgo para el lavado de dinero también se realizan dentro de las zonas francas, y es por está razón que la Cámara de Zonas Francas solicitó que dichas actividades deben quedar fuera de la obligación de información respecto a los explotadores de zonas francas o a los usuarios directos.

En cuanto a usuarios que tienen actividad financiera o similar, ya están controlados por el Banco Central.

Las actividades que según una propuesta de la Cámara de Zonas Francas quedarían fuera de la obligación legal son aquellas que a nivel mundial son consideradas como de muy bajo riesgo o riesgo nulo para el tratamiento de lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Concretamente, se trata de los servicios de logística, call centers, informática, biotecnología, industrias y servicios de telecomunicaciones.

Carriquiry dijo que actualmente hay una serie de actividades que no son controladas por el Banco Central que podrían ser valoradas como de riesgo. Entre ellas, mencionó las relativas a usuarios que brinden servicios profesionales, servicios fiduciarios y las de personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren en forma habitual sociedades comerciales cuando éstas no formen un consorcio o grupo económico.

«Queremos manifestar claramente que, a nuestro entender, estas actividades sí deberían ser controladas en el caso de que se desarrollaran en la zona franca, y los explotadores estarían dispuestos a coordinar con las autoridades a cargo del control del lavado de dinero», dijo ante los legisladores. Agregó que «en nuestra propuesta queda bien claro que no nos oponemos a participar del control de actividades que puedan vincularse con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nosotros apoyamos la iniciativa y queremos participar de dicho control en forma eficiente y coordinada con los distintos organismos del Estado que actúen en el tema».

La Cámara de Zonas Franas resolvió contratar al doctor Leonardo Costa, como asesor en este tema en particular. Esta Cámara fue fundada el 2 de setiembre de 2008. La contribución al Producto Bruto Interno en 2007 fue de 3,5%, sin considerar la producción de Botnia, y se estima que en el año 2008 podría andar en el entorno de 4% o 4,5%.