TRANSPARENCIA Y CONFIANZA EN LA AGENDA INMEDIATA

Se dice que aún la bancada oficialista no acordó las prioridades del plan legislativo para el año, lo que es particularmente relevante para el análisis del ya complicado escenario económico. Paralelamente, en las próximas semanas deben comenzar a procesarse los cambios acordados en la modificación reciente de la Ley Orgánica de la institución. En el ámbito judicial deberá avanzarse rápidamente en la estructuración de los juzgados especializados tal cual ha sido dispuesto por la Ley de que modificara el año pasado la vetusta legislación de quiebras.

 

Empero, ahora importa observar las prioridades que en el ámbito de la juridicidad de la economía sugiere el Poder Ejecutivo a los legisladores oficialistas. Una agenda correcta, con prelaciones adecuadas de la normativa económica ha de contribuir mucho a mejorar la confianza del público en la calidad de las transacciones. Uruguay no tiene un problema de solvencia, ni financiero como en tantas otras oportunidades. Existe la convicción extendida de que los problemas principales del país, en la emergencia actual son comerciales y que, paulatinamente, comenzarán a ser financieros. Los problemas financieros tanto a nivel soberano como a nivel interno están asociados estrechamente al nivel de confianza, interna esencialmente. Y esa confianza está en gran parte determinada por las garantías y la transparencia de la actividad económica. En tanto, con la calidad y oportunidad de algunas leyes que el Poder Ejecutivo deberá impulsar en las próximas semanas -proyecto de Ley de Mercado; proyecto de creación del INCA (Instituto Normas Contables Adecuadas), entre otros.

 

Este tema de la juridicidad económica, además de conformar uno de los pilares de la plataforma original en materia económica, supone en las actuales circunstancias algo más que lo que en los primeros meses de 2005 estuvo en la base del plan. Si el país estuviera en condiciones de completar de manera rápida y con la publicidad adecuada el nuevo esquema de regulación y garantías de mercado, seguramente Uruguay habrá logrado no sólo un fuerte estímulo interno para su economía sino que habrá completado también un avance fenomenal en la oferta externa de garantías. Y esto es lo que compra el mundo a precios de oro blanco. Claro, no sólo es necesario completar esa juridicidad sino también reestructurar oficinas y procedimientos de registración e intervención superpuestas del Estado en la economía. La reforma de la Auditoría Interna de la Nación o los de la registración y fiscalización del trabajo sean quizás, las áreas de mayor notoriedad en este sentido.