CUIDAR LOS RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA A LAS EMPRESAS

Los sindicatos de las ramas industriales más afectadas por la crisis han comenzado a reivindicar públicamente subsidios o atención del Estado a sus empleadores, en procura de mantener sus puestos de trabajo. Las patronales están haciendo lo mismo de otra manera. Lo del agro es conocido y, seguramente, los reclamos asistenciales se intensificarán con los primeros fríos. De a poco, un cerco de reivindicaciones asistenciales irá rodeando al gobierno intimándole en otros términos y urgencias.

En paralelo, el equipo económico ha logrado activar los créditos de contingencia disponibles con las multilaterales (BM, Corporación Andina, etcétera). Los recursos llegan en el tiempo necesario y, en tanto, los técnicos del MEF que se ocupan de las cuentas públicas estiman que aún no hay motivos de alarma. O sea, aquellos que se pudieran derivar de eventuales intentos de cubrir los nuevos déficit en el mercado privado. Una de las razones de la tranquilidad relativa del MEF al respecto deriva de la recaudación de IRPF que está superando las previsiones previas y contribuye a mantener la recaudación de DGI en los niveles necesarios.

Una porción importante de esos créditos de contingencia será derivada de diversas formas hacia la asistencia a los privados y algunas empresas paraestatales o similares.

La crisis externa se ha extendido y no aparecen indicios de que pueda ser encauzada y revertida en el corto plazo. Dado lo cual, importa recordar que esos fondos de contingencia son escasos y deben generar retornos tangibles. Para financiar políticas sociales hay otros recursos. Estos deben destinarse a empresas solventes cuyos proyectos puedan exponerse a los mínimos análisis de riesgo. Este es un tema no menor. El proyecto de Ley de Mercado que comienza a discutir el Senado es un buen motivo para incorporar y vincular, al proyecto original, estímulos a los emisores con negocios reales capaces de mantener la actividad y el empleo, utilizando recursos públicos, del Estado o el ahorro privado, con la condición que el público y ya no sólo los organismos de control, puedan seguir la gestión de quienes los utilizan. Ello no requiere inspectores sino metodología adecuada y propensión a la transparencia empresarial.