LA PROTECCION QUE NOS AHOGA

La autorización otorga los famosos certificados de acreditación fitosanitaria AFIDIS, mediante los cuales el Ministerio abre o cierra la frontera a la importación de productos de granja según sus funcionarios, en consulta con un selecto grupo de grandes productores e importadores. Con tal procedencia una oficina del MGAP estima cual será el equilibrio deseable … entre oferta y demanda de estos rubros a los efectos de conciliar tres objetivos: seguridad sanitaria, protección del productor nacional y abastecimiento en plaza a precios razonables.

El Decreto flexibilizó mínimamente uno de los sistema tradicionalmente usados en este país para otorgar una protección cuasi mafiosa a un núcleo de especuladores y grandes productores. Pero en realidad, ese Decreto convalidó en la época del progresismo esa secular protección legitimando una de las peores heredades de las administraciones anteriores. Es un régimen denunciado ante la OMC, prohibido en el Mercosur, una típica «avivada» que nos cuesta vergüenzas y concesiones cuando debemos sentarnos a la mesa con los socios y denunciar improcedencia ajenas ante la socarrona sonrisa de los otros negociadores. Hace años que ese régimen de uso indebido de una precaución sanitaria está denunciado afuera, y diagnosticado adentro como inservible, reñido con la libertad de comercio, y productor de un mercado negro de negociación de AFIDIS que nadie parece querer ver. Pero además, es un régimen que condena a la permanencia en la miseria a sus pretendidos beneficiados. ¿Quién a invertir en un sector sometido a tales voluntarismos burocráticos?

Pero, además, esa temeridad de los gurúes de la protección produce un efecto productivo y social totalmente contrario a los fundamentos oficiales. Ya es absolutamente insostenible en un país donde los efectos monetarios de una mayor capacidad adquisitiva del salario se consumen hace cuatro años, devorados por una inflación siempre mayor para los pobres. Dice, el último informe de coyuntura del propio MGAP: «Importa notar que en 2007 la carestía de las frutas y verduras representó una notable incidencia en la inflación total y fue uno de los determinantes de que no se alcanzara la meta dispuesta por el BCU».