Subsidian a empresas para que contraten trabajadores

De esta manera se da cumplimiento al artículo 244 de la Ley de Presupuesto Nacional vigente que había dispuesto la instrumentación del programa a partir de 2008 y durante dos años. Se enmarca en los anuncios formulados tanto por el presidente Tabaré Vázquez como por los ministros Danilo Astori y Eduardo Bonomi, acerca de la creación de 30.000 nuevos empleos; se contemplaría a los desempleados de escasa preparación y con pocas posibilidades de acceder a un nuevo empleo.

El actual nivel de desempleo se ubica en 7,6% , el nivel más bajo en las últimas décadas, y ahora el tema central es que la gente con escasa preparación pueda acceder a un puesto laboral.

La idea básica es alentar a las empresas, a través de un subsidio, a emplear mano de obra desocupada. Dicho subsidio se realiza mediante la modalidad de créditos fiscales a favor de las empresas que accedan a participar en el programa.

Entre las condicionantes necesarias para poder participar del Programa figuran naturalmente que la empresa cumpla con todos los requisitos que impone el Estado para el funcionamiento normal de cualquier actividad y no haber efectuado despidos o no haber enviado al seguro por desempleo a trabajadores de igual categoría o de la inmediata superior al puesto a ocupar por el beneficiario seleccionado, en los noventa días previos y posteriores a la contratación, al tiempo que debe estar cumpliendo con los laudos correspondientes de los Consejos de Salarios.

No podrán participar las empresas registradas ante el BPS en calidad de «usuario de servicios» ni las empresas suministradoras de personal. Se excluye asimismo del sistema a las empresas que no pueden garantizar un año continuo de trabajo efectivo. Según se dispuso el porcentaje de los trabajadores contratados a través del Programa «Objetivo Empleo» no podrá exceder el 20% de la plantilla de personal permanente de la empresa, exceptuándose las que ocupen hasta nueve trabajadores, en cuyo caso el límite se extenderá a dos usuarios del programa. Además, los trabajadores contratados no podrán ser parientes del empresario o empresarios dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

Las empresas que contraten trabajadores a través del Programa «Objetivo Empleo» recibirán un subsidio equivalente al 60% de las retribuciones mensuales del trabajador sujetas a Montepío -excluidas las retroactividades-, para el caso de los hombres y del 80% de las retribuciones en igual concepto para el caso de las mujeres.

El monto máximo de subsidio será 60% u 80%, respectivamente, de 1,5 Salario Mínimo Nacional vigente al momento de la contratación.

 

Fortalecer la inclusión social

La población hacia la cual va dirigido este programa es aquella que se encuentra en situación de pobreza, entre 18 y 65 años, con menos de 9 años de escolaridad y desocupados/as por un período mayor a los dos años ( en caso de presentarse ambos cónyugues solamente se beneficiará a uno de ellos).

Según reconocen las autoridades, llevar adelante este programa es una consecuencia directa del contexto de recuperación de la actividad económica que vive el país y no se espera que favorezca la creación de nuevos puestos, al menos, no en «gran medida». En realidad lo que se favorece es que «se cambie el lugar en la cola de las vacantes existentes».

El objetivo específico que se busca con el programa es la inserción laboral en empresas privadas de 3.000 participantes por un período de doce meses ( son 6.000 en total, ya que el programa se extiende por dos años). También se apunta a orientar laboralmente a trabajadores inscriptos en el Programa Pro Trabajo (máximo 10.000 por año) y subsidiar la capacitación de 1.000 participantes durante un año, a cargo de las empresas.

El componente salarial contempla un tope de 50% por encima del Salario Mínimo Nacional, la inclusión del aporte patronal correspondiente y una remuneración que respete el convenio colectivo.

El subsidio del Estado alcanza al 60% del costo laboral del trabajador en el caso de los hombres y 80% para las mujeres, disminuyendo sensiblemente el costo laboral del empleador privado.

Para las autoridades se busca paliar las consecuencias personales, familiares y sociales que conlleva el desempleo prolongado, fortaleciendo procesos de inserción al mercado laboral y de esta manera apuntalar los procesos de inclusión social de la población más desamparada.