El fundamento de la economía política

En una perspectiva de reivindicación de la estabilidad frente a un riesgo inminente de desborde, el BCU instrumentó una contribución extraordinaria de los bancos para cofinanciar el costo de una política cara y difícil de ejecutar.

Las respuestas inmediatas confunden la queja natural de un contribuyente forzado con la pertinencia técnica de la medida en un contexto muy determinante. Sobre todo, si esa crítica opaca la importancia de que el gobierno haya reafirmado el objetivo estabilizador.

Hay dos preguntas cuyas respuestas son básicas para orientar la discusión del paquete anunciado el viernes por el BCU: En las condiciones actuales, ¿había alguna alternativa para quebrar las expectativas de inflación y su correlato de conflictividad creciente? No. La segunda es aún más trascendente en esa discusión más delicada: ¿Se han alterado las reglas de juego o modificado algún contrato? No. Ahora queda por ver cómo opera la razonabilidad social ya no sólo de los banqueros sino de los trabajadores y el resto del gobierno frente a los convenios colectivos, la negociación salarial y el bloqueo de más gasto, cuyo exceso ya no será posible financiar después de las decisiones del jueves y viernes.

Los afectados por medidas fuertes adoptadas por los conductores de la economía tienen derecho a objetarlas. Eso es lo que está haciendo el sistema financiero. Cuando el Banco Central le explicó el viernes a las autoridades bancarias que el gobierno volvía a un sistema de encajes obligatorios similar al que se utilizó en la postcrisis de 2002, algunos objetaron la decisión por ser contradictoria con la actual seguridad del sistema bancario que expone el discurso oficial. En principio no sería necesario inmovilizar todos los depósitos de corto plazo que el gobierno tiene en el BROU, ni elevar del 17% al 25%, o del 25% al 35% los depósitos que en esos plazos tienen los bancos en moneda nacional y extranjera respectivamente. Elemental. Sin embargo, otras autoridades del sistema, más enteradas de la intimidad del juego, más especialistas en economía política que en finanzas, saben que el gobierno acababa de adoptar una de la dos opciones que tenía frente al desequilibrio monetario que se precipitaba multiplicando expectativas inflacionarias con las cuales no podría lidiar el gobierno de izquierda ni, probablemente, ningún gobierno que se enfrentara a un desborde de precios y conflictos potenciales en el preámbulo de una elección nacional. En tanto, la objeción de los banqueros a que el gobierno haya decidido transferir temporalmente un monto imprevisible, pero seguramente de muchas decenas de millones de dólares, de los bancos públicos y privados para contribuir a financiar el déficit parafíscal del regulador, no se funda en objeciones técnicas ­en esa más de política económica que financiera- sino de resistencia similar a la de cualquier contribuyente exigido por el fisco frente a un riesgo cuyo desenlace podría afectar la propia seguridad del dolorido sistema financiero en el mediano plazo.