Obligan a Exxon a desbloquear fondos de Pdvsa

El conflicto originado entre la empresa petrolera norteamericana Exxon Mobil y la estatal venezolana Pdvsa, parte del cual se dirimía en un tribunal londinense, tuvo una primera resolución que avala lo realizado por el gobierno de Hugo Chávez.

La sentencia de la justicia británica ordenó desbloquear el congelamiento de activos que pesaba sobre Pdvsa.

Este fallo incluye una orden para que la demandante, Exxon Mobil, cancele los daños ocasionados por el pleito legal.

Así lo informó Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, al medio venezolano y del que todas las cadenas internacionales se han hecho eco, al dar a conocer los detalles del veredicto. «Hay una orden emitida por el juez donde le da plazo perentorio a Exxon Mobil para reparar a Venezuela los daños que le haya causado».

 

Origen y contexto del conflicto

Como ha venido informando periódicamente La República, este conflicto se origina en el proyecto de explotación de la Faja del Orinoco establecida por el gobierno venezolano y contempla en el período 2005-2010, en su primera fase de desarrollo, inversiones por casi 20 mil millones de dólares.

El reservorio, que está dividido en 27 bloques, se estima que tiene 235 mil millones de barriles de petróleo, con lo que Venezuela se convertirá en el país petrolero con las mayores reservas del planeta.

El gobierno de Hugo Chávez ha decidido realizar la explotación de esta zona asociándose a otras empresas petroleras del mundo, estatales y privadas, garantizando su participación mayoritaria, y que se trabajará sin subsidio fiscal. Ello significa que se pagará una regalía del 30% y una tasa de impuesto a la renta del 50%. Como contrapartida, los contratos son a 20 años y se garantiza la continuidad de las inversiones. El gobierno venezolano concretó 22 empresas mixtas a partir del 30 de marzo de 2006, entre ellas Ancap, autoexcluyéndose solamente la norteamericana Exxon (Esso) que se ha negado a aceptar los cambios generados por la Ley de Hidrocarburos, que busca asegurar para Venezuela los beneficios de su riqueza en el subsuelo.

Esto generó una ofensiva de la multinacional texana, (como el presidente Bush) contra las decisiones soberanas del Estado venezolano y se enmarcan en la escalada de conflictos que existen en las zonas productoras del vital elemento. A su vez este tema es paradigmático respecto a establecer internacionalmente los atributos que la soberanía de los estados tiene con respecto a sus recursos naturales y el embate de poderosos intereses.

En este sentido, Venezuela no quiso informar sobre cuál sería el monto de la indemnización que le exigirá a la multinacional, sin embargo aclaró «No vamos a cometer el desafuero de la Exxon Mobil, que pretendía 12 billones de dólares».

Adelantó, sin embargo, que entre los daños por contabilizar se encuentra la caída de los bonos de deuda de la empresa y el aumento del riesgo país a consecuencia de la acción «injustificada y desproporcionada» emprendida por Exxon Mobil.

La empresa estadounidense, además, tendrá que hacer una compensación inmediata de 380 mil libras esterlinas y asumir todos los costos de la defensa. El juez británico también ordenó a Exxon que, en el transcurso de las próximas 48 horas, envíe una aclaratoria escrita a todas aquellas empresas ­especialmente bancos y calificadoras de riesgo­ a las que había informado sobre las razones para congelar los activos de Pdvsa.

«He concluido que la orden judicial (…) debería ser anulada», afirmó el magistrado Paul Walker, en una vista celebrada en la Sala 21 del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

Exxon, el mayor grupo petrolero del mundo, había logrado que el propio Tribunal Superior emitiera, el pasado 24 de enero, la citada orden judicial, sin aviso previo a la firma latinoamericana.

La congelación incluía activos en refinerías en Dundee (Escocia) y Ellesmere Port (Inglaterra), así como cuentas bancarias relacionadas con ambas operaciones. Con esa medida, el gigante norteamericano pretendía asegurarse el pago de una eventual indemnización por la nacionalización de un proyecto suyo en Venezuela, pese a que está pendiente un proceso de arbitraje en Nueva York para la resolución del conflicto.