Uruguay comprendido en el conflicto interno argentino

La intensificación de las medidas regulatorias que enfrentan al gobierno argentino con el campo y las provincias desembocaron en la agenda nacional por dos vías convergentes: una consulta de internalización a la normativa del bloque del sistema de detracciones y retenciones, y un nuevo alerta acerca de la intensificación de la migración de productores argentinos al Uruguay.

La posibilidad que la inercia de la política de estabilización de precios y otros objetivos de política económica precipite una mayor migración argentina generó ayer movimientos en diferentes áreas de la discusión política y comercial nacional. En el marco de la Expoactiva esa tendencia pareció intensificar la concreción de negocios con una elevada participaron de argentinos. A la vez, esa discusión se trasladó al ámbito político nacional motivada en la necesidad de responder nuevamente consultas para internalizar las medias a la normativa del bloque.

 

Negativa uruguaya

En una resolución que reafirma decisiones previas de Uruguay respecto a solicitudes de internalización al Mercosur de medidas de política comercial adoptadas por la Argentina, Uruguay no acepta siquiera negociar la incorporación a la normativa regional la habilitación temporal o permanente de un régimen de detracciones y retenciones a la exportación. La solicitud había sido puesta en consulta por la Argentina ­según se entiende como una fórmula complementaria de cobertura de una decisión de política que coloca al gobierno de Cristina Fernández frente al primer conflicto nacional de base agraria, impactos provinciales y riesgosa extensión a la política de alianzas que estaba preconizando la nueva administración. La petición de internalizar medidas de política comercial objetada en la normativa actual no es nueva pero encontró el viernes una respuesta inmediata de las autoridades nacionales. La consulta argentina se motivó en la estrategia de regionalizar la responsabilidad política por las consecuencias de una mayor flexibilidad de la política comercial del gobierno argentino. Ello permitiría una «legitimación de bloque» de medidas heterodoxas de fuertes costos internos y, eventualmente externos. Las detracciones son medidas no admisibles en la normativa OMC y está siendo utilizada con mucha frecuencia por el gobierno argentino en procura de impedir que los elevados precios de los bienes agropecuarios multipliquen los factores internos de una inflación que en los próximos meses pudiera alcanzar una dinámica irreversible. La semana pasada el Ministerio de Economía decidió ampliar las detracciones a la exportación de soja, extendiéndola del 35% al 44.1% y del girasol, del 32% al 39.1%.

 

La desesperación por los precios

Al igual que lo que se realiza con la carne, el trigo y los lácteos, entre otros productos, las objetadas medidas procuran establecer disuasivos a la exportación de la materia prima, creando mejores condiciones de competencia para la industria exportadora de bienes intermedios. Se consideran en tanto subsidios indirectos o encubiertos a la exportación, o alimentarios especialmente. Ahora, sin embargo, este régimen se está transformando en prácticamente la única herramienta disponible para mantener los precios de los bienes transables de origen agropecuario sin que la coexistencia de un tipo de cambio artificialmente alto multiplique de manera insostenible los elevados precios de exportación de la producción argentina.

La medida tiene efectos similares a viejas prácticas de política económica cuya utilización es impensable en estos tiempos: los cambios diferenciales, por ejemplo.