Prioridad para la mejor competencia y garantías

Astori y su equipo se concentran en las reformas estructurales «propias», luego de asegurar los mecanismos que blinden presupuestalmente las reformas sociales en ejecución.

Los principales operadores de la bancada oficialista aguardan definiciones del gobierno respecto a los énfasis del Ejecutivo en relación con la agenda reformista, para un año decisivo para el balance de dicho pilar del programa de la izquierda en el gobierno. Desde la perspectiva económica y financiera, de no variar en demasía la actual coyuntura y si no se precipitan mayores problemas desde el entorno, el equipo económico considera que el gobierno finalizará su mandato sin problemas fiscales y, en tanto, sin dificultades de financiamiento de las reformas sociales ya en ejecución. Incluso, de confirmarse en los próximos días que el crecimiento del PIB del último trimestre estuvo efectivamente en línea con la proyección de crecimiento de todo el año que el gobierno adelantara el 6 de diciembre pasado, se estima que pudiera adelantarse aun más el cronograma de acceso al régimen del Fonasa de mayores contingentes de usuarios.

 

Las otras reformas

Despejado el escenario en lo que refiere a la ejecución y financiamiento de las reformas sociales, la primera preocupación del equipo económico se concentrará en blindar la estabilidad de precios, incluyendo alguna mejora del tipo de cambio real, e intentará concentrar sus fuerzas en procura de lograr sus metas en dos pilares de su plan inicial: el de la competitividad y mejora de los mecanismos de promoción de la inversión, y la modificación del régimen de garantías y transparencia empresarial. En el primero de esos dos pilares, el equipo económico aspiraría a mejorar el interés del empresariado nacional, en particular, para utilizar los cambios introducidos por la nueva reglamentación de la Ley 16.906. Los empresarios no están utilizando los nuevos mecanismos de promoción de la inversión, no parecen tener demasiado interés en ellos o sencillamente consideran que el costo y riesgo de asumirlos es elevado para los beneficios fiscales que proponen. El gobierno estudia fórmulas capaces de superar las dificultades prácticas de las innovaciones introducidas en la nueva reglamentación. Algo de esto sucede también con los que el gobierno esperaba fueran prácticas usuales de financiamiento de la inversión de largo plazo. Una de ellas es el fideicomiso financiero. En suma, luego de un año de su implementación, los nuevos mecanismos no parecen haber motivado la elaboración de proyectos de empresarios locales en el nivel que el gobierno esperaba. En el otro pilar, el de las garantías y prácticas de buen gobierno corporativo de las empresas, el equipo económico tiene cifradas sus mayores aspiraciones en cuanto a que este año se apruebe finalmente el proyecto que modifica los regímenes de quiebras y concordatos.