Cuestión de soberanía

Uno de los problemas que requieren definiciones urgentes, de autoridades y empresarios, es el de los enlaces del ahorro, la inversión y la institucionalidad de los mercados. No es posible continuar ensayando soluciones muy creativas de la mejora de la competitividad, el clima de la inversión y la productividad, soslayando que este país carece de un mercado real de valores.

Esta discusión no está aún a mano de los trabajadores ni de sus organizaciones. Presumo, además, que no les importa demasiado, lamentablemente. Porque sin mercados formales útiles, los países abdican de cualquier pretensión de soberanía económica. La izquierda, en sentido amplio, puede persistir en su afán de inclusión y redistribución del ingreso, rezando desde el credo socialista para que dios preserve la estabilidad y sustente el crecimiento. Los empresarios pueden intentar continuar en sus giros apostando a que la magia de las cosas logre conciliar el pensamiento dominante de los uruguayos respecto a los negocios y la capacidad del gobierno de turno de asistirlos cuando se equivocan. Los malos y vetustos empresarios o los gerentes que manejan la información que realmente importa y los recursos, le temen a la exigencia de los mercados de capital; prefieren cien veces el extremismo de la izquierda ultramontana a someterse a una calificación de riesgo, independiente y con garantías penales para el profesional que la emite; que los obligue a registrar balances y exponer proyectos con riesgo propio. Sin proyectos de negocios y requerimientos de inversión expuestos y transparentes, estimulados por una normativa moderna y una exigibilidad ciudadana, los uruguayos que logran acumular una parte, mayor o menor, del enorme excedente que está produciendo la economía hace ya cuatro años, continuarán buscando la forma de colocarlo en cuentas bancarias sin remuneraciones dignas, o tentarán fortuna en colocaciones externas de mayor o menor calidad, o los enterrarán ­ésa es la palabra­ en los cofres o en la tierra. Otros, incluyendo a los administradores profesionales de una parte del ahorro previsional, continuarán por vías directas o indirectas, comprando deuda pública de un Estado que utiliza el desastre institucional del mercado y la falta de confianza del público para financiar sus déficit sin demasiado apuro por resolverlos realmente.

Si públicos y privados fueran exigidos o estimulados para construir proyectos financiados en mercados nacionales fuertes y transparentes, los gobiernos no tendrían un virtual monopolio de uso del ahorro público como lo tienen ahora. Serían exigidos en tanto a lograr superávit globales de otra magnitud que los actuales, capaces de defender al país, y sobre todo a los pobres de contingencias provenientes de un entorno en el cual, Uruguay sigue meciéndose como una cáscara de nuez en un océano de tsunamis reiterados.