Demanda de transparencia moderna

A la discusión de la reforma de Estado no le debería suceder la desgracia de lo que le ha sucediendo a la discusión social de la reforma de la educación. Por ahora, sin embargo, se promueven iniciativas de tipo administrativas que, de no ser complementadas a tiempo, nos privarán de una oportunidad única además de resolver lo principal: para qué queremos el Estado realmente. La segunda exigencia para una discusión inteligente consiste en la organización de la oposición de intereses de representados y representantes de tal manera que sea posible una exposición y evaluación pública de la gestión formateada de otra manera que la reiteración absurda de un discurso oficial que satura o balances que nadie lee.

¿Qué sería lo que, tratado en una columna del último día del año, pudiera cual humilde contribución, aportar algún elemento que siendo relativamente comprensible, contribuyera al razonamiento público en el tumulto del cambio? En general los comunicadores tendemos a llenar los espacios vacíos con mucho apuro apelando a reflexiones sobre temas horrorosamente previsibles. En ese tránsito del deber y la soberbia de quien piensa que se puede decir cualquier cosa amparado en la libertad de conciencia y expresión, arrojamos sobre la gente demasiada previsibilidad; y ese es el riesgo menor. Recurrimos a aquellos temas en los cuales sentimos que podemos, al menos, firmar con la tranquilidad de no ser recurrido ya no por una objeción razonable, sino por aquella terrible admonición de no ser entendido.

 

El estado de las instituciones

Sabiendo esto, uno puede finalizar el año sin más presiones arteriales que las normales en esta fecha discurriendo sobre problemas relativamente consabidos: país productivo, plaza financiera; alternativas del crecimiento o los problemas del gasto y la inversión, el estado de la distribución del excedente, los problemas del crédito, etcétera. Algo más difícil supone esbozar una respuesta a la pregunta desde la observación del mapa de la institucionalidad política y económica. Allí comienza a tensarse el vínculo de la comunicación. A los uruguayos nos cuesta una enormidad vincular nuestro bienestar y, sobre todo, el de nuestros hijos al seguimiento de las debilidades y fortalezas de las instituciones. Un ejemplo de ello es la carencia de indicadores y series acerca del estado de lo que los anglosajones conocen por accountability y los uruguayos deberíamos traducir como calidad y transparencia de la gestión pública o propensión a informar públicamente la gestión de los privados. En el mundo desarrollado pero, sobre todo, ahora en la periferia, ese es un valor que las sociedades exigen con intransigencia absoluta. Los indicadores de ese valor en Uruguay son tan inexistentes como carentes de demanda social. Tenemos números para todo. Sabemos la posición relativa de Uruguay respecto a indigencia, pobreza, PBI, inversión, deuda, etcétera, etcétera. En lo único que debemos apelar a fuentes externas de análisis comparado es, precisamente en eso: la rendición efectiva de cuentas, sean pública o privadas. En ello las nuevas sociedades ponen mucho más énfasis que cualquiera de los temas que, eventualmente, pudieran afectar el bienestar de las nuevas generaciones. No nos gusta que el FMI nos revise las cuentas y nos condicione la asistencia cuando la necesitamos, pero apelamos a sus registros o a los The Economist o a cuanta fundación ande por allí registrando y rankeando estos valores, cuando debemos informarle a los otros qué somos y en qué estamos realmente. Nos desesperamos por esta información recién cuando nos interrogan en serio: cuando necesitamos explicar cuál es el estado de los indicadores de gobierno corporativo del Estado o de las principales empresas nacionales. Importa señalar de paso, que en la compleja discusión sobre la reforma del multilateralismo global y del FMI en particular, este es el tema que encabeza el análisis de las causas de su progresiva incapacidad para contribuir a los equilibrios y un mayor bienestar global. Ese es el tema también que está en la base de la discusión profunda acerca del deterioro del poderío de los EEUU expuesto o provocado por el resquebrajamiento de sus contratos básicos y una ambigua acción de su Estado.

 

¿Es posible?

No sé. Este asunto de la transparencia y la rendición de cuentas ofrecida como práctica constante y alejada de los púlpitos de la política ordinaria tiene su propia teoría, sus instrumentos, y sobre todo, tiene en ese otro mundo, una demanda social excepcional. En Uruguay no. En el mejor de los casos los uruguayos somos propensos a estar horas debajo del púlpito desde el cual las autoridades o los elegibles derraman todas las excelencias de su gestión sobre aburridos y lejanos auditorios ciudadanos. En el mundo desarrollado o el de los nuevos emergentes, los ciudadanos pueden votar o no a sus representantes una vez cada cuatro o cinco años, pero para lo que se educan esencialmente es para evaluar la calidad de la gestión de sus elegidos o quienes asumen en la actividad pública o privada la representación de sus intereses. Uruguay tiene una oportunidad de remontar su desvalimiento provocando una reacción fuerte de sus ciudadanos -por ahora un poco más educados que la media latinoamericana en la acepción tradicional de la educación original- apelando a la fortaleza de uno de los requisitos o plataformas sobre las cuales debe construirse ese atributo de excelencia: la calidad de su democracia representativa. Uruguay comparte con Costa Rica el liderazgo de la reconquista de la democracia en un continente en el cual treinta años atrás, sólo el 15% de los países mantenía regímenes democráticos. Hoy ese porcentaje ascendió al 95% y ese es el hábitat de una nueva competencia en la construcción de fortalezas institucionales. En ese tránsito, Uruguay debería poder ubicar su agenda principal. Que no será quizás la más atrayente para la mass media o las prácticas políticas usuales, pero que es, sin duda, la garantía excluyente para un programa de desarrollo realmente ambicioso y sustentable.