Ley de Ordenamiento Territorial

Con la apertura del decano arquitecto Salvador Schelotto se realizó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República un debate acerca de los efectos de la entrada en vigencia del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial a estudio del Parlamento. Este debate, moderado por el colega Marcelo Pereira, viene precedido por la polémica instalada a partir de varios artículos de prensa en los que se critica foribundamente la iniciativa legal, considerada por sus detractores como atentatoria de los derechos de propiedad.

Sin embargo y pese a la pluralidad de enfoques, tanto en la exposición a cargo del director de Ordenamiento Territorial, arquitecto Roberto Villarmarzo, como los comentarios del doctor Juan Andrés Ramírez ­en su calidad de jurista­, del doctor Marcelo Cousillas ­catedrático Grado 5 de Arquitectura Legal­, del ingeniero agrónomo Martín Buxedas ­Programación Agropecuaria del MGAP, como del ingeniero Benjamín Nahoum, asesor del movimiento cooperativo y largamente vinculado a la problemática del suelo y la vivienda, el debate no perdió altura y quedaron relativizadas las posturas extremas y apocalípticas antes aludidas. En su exposición Villarmarzo repasó los diversos antecedentes nacionales e internacionales que respaldaron la redacción del proyecto. Se refirió a las nuevas nociones que vertebran el concepto de territorio «como la historia de la interrelación entre un grupo humano y un espacio geográfico determinado», que involucra no sólo los aspectos referidos a la propiedad privada sino también la necesaria articulación con otras dimensiones, como la productiva, compatibilizando los distintos usos con el objetivo de su desarrollo social y ambientalmente sustentable. El director de Ordenamiento señaló que la nueva Ley dará un marco de reglas claras y certeza jurídica para todos los actores e intereses que se despliegan en el territorio.

Contra el largo proceso de sedimentación del derecho positivo. Por su parte el doctor Juan Andrés Ramírez desmenuzó críticamente el proyecto, afirmando que esta Ley no tiene disposiciones que refieran a cómo debe ser el territorio. Adujo que innova terminológicamente, lo cual puede generar dificultades interpretativas, y que no quedan claramente establecidas las competencias que en la materia tendrán las distintas instancias de gobierno nacional, departamental y local. Cuestionó la aplicación del concepto de interés general, desestimó la experiencia española, que entre otras ha servido de inspiración para este proyecto, y consideró inconstitucionales varios aspectos de la nueva Ley, que «introduce importantes modificaciones a la legislación sobre la propiedad, la que es producto de la sedimentación del derecho positivo por más de dos mil años», sentenciando que » el mejor uso de un bien es el de la propiedad privada».

Mientras tanto el doctor Cousillas indicó que más allá de las contradicciones que afloran en el debate, continúa faltando discusión. No obstante ello parece no haber nadie en contra de que se norme respecto al uso del suelo.

Indicó que la Ley supone pensar y tener en cuenta el derecho de propiedad, pero en el derecho vigente hay numerosos ejemplos en los cuales la propiedad está regulada en función del interés general, como las normas de edificabilidad. Indicó que nuestra Constitución prevé márgenes de acción del interés social sin socavar los derechos individuales y citó el caso de la Ley Forestal, la cual estipula dónde y qué se puede plantar.

Cousillas dejo entrever otra noción respecto a la evolución del derecho, distinta a la versión sedimentaria defendida por Ramírez, al indicó que el «derecho positivo es materia de evolución, cambio y mejora», y agregó: «La sociedad ha cambiado y con ello ciertos valores y el derecho tienen que dar pasos constitucional y técnicamente correctos en tal sentido».

Un paso hacia la reforma urbana. Para el ingeniero Nahoum es un tema de la mayor importancia, ya que en su trayectoria como asesor de los movimientos sociales ha sufrido la falta de ordenamiento territorial y de instrumentos que faciliten el acceso al suelo y la vivienda para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Afirmó que «una Ley de este tipo le sirve a todos porque el costo del desorden lo pagamos todos». Indicó que hace más de 40 años que se habla de reforma urbana y democratización del espacio que permita el acceso a los servicios que actualmente no usan todos. Para Nahoum la nueva Ley establece avances en materia de coordinación interinstitucional, en el propósito descentralizador, en la creación de instrumentos de gestión, en entender el territorio como un espacio de participación, en concebir el uso del espacio como derecho y como deber, además de que permite algo esencial y estratégico: la generación de reservas de suelo y el funcionamiento de una cartera de tierras que permitirá facilitar el acceso a la vivienda, tornándose en un instrumento dinamizador del mercado. Dentro de las que catalogó irónicamente de «herejías» indicó que la nueva Ley no inventa nada que no exista, pues permitir la expropiación con las garantías del debido proceso, por ejemplo, ya figura en nuestro ordenamiento jurídico. Y que se pongan plazos prudentes para edificar o rehabilitar construcciones existentes o a medio construir no parece descabellado ni atropello alguno. Para Nahoum se incorporan, junto a los derechos de propiedad, deberes relativos al uso, la conservación y la protección del medio ambiente. Por último afirmó que «tener una propiedad no es poder hacer cualquier cosa».