Las expectativas en la economía y la política

Hoy se conocerán las expectativas que tiene el grupo de consultoras y asesores económicos seleccionados por el BCU para enterarse de cuál es el grado de credibilidad que tiene el programa económico del gobierno en relación al comportamiento fiscal, al nivel de actividad y la relación cambiaria para los próximos dieciocho meses. Me animo a adelantar que esa encuesta le sugerirá al Banco Central que la inteligencia económica del país coincide en líneas generales con el optimismo oficial respecto a que el país ingresará en el escenario preelectoral de 2009 con sus cuentas públicas equilibradas, un crecimiento algo menor al esperado en el programa pero cercano a ese 4% anual y que en materia cambiaria no habrá sorpresas y el precio del dólar oscilará en los veinticuatro pesos.

Si tal previsión se confirmara en la tarde de hoy y dado que las expectativas en materia inflacionaria aceptan que la inflación continué encima del techo del 6% en 2008, deberíamos pensar que los inversores de riesgo pueden elaborar sus proyectos en condiciones relativamente afables con rentabilidades esperadas superiores al 10% acumulativo anual en el largo plazo. Importa señalar que esa lectura del futuro económico del país es, esencialmente, política.

Las proyecciones del sector privado en materia económica llegan hasta donde llega la credibilidad acerca del mantenimiento de las reglas de juego actuales, incluyendo el relacionamiento interno de la coalición de gobierno. Esas expectativas se irán ajustando en función del propio ajuste del programa que el equipo económico y el gobierno vayan haciendo al incorporar variables sobre cuya evolución en realidad nadie esta seguro actualmente.

 

Expectativas de unos y otros

Dado que las variables que inciden en la previsión macroeconómica se irán ajustando en el programa oficial, se supone que la evolución de las brechas entre la previsión del programa oficial y la expectativa privada se abrirá o cerrará en función de la única variable de incidencia real: la capacidad del gobierno de mantener las reglas de juego actuales y no alterarlas de tal manera que ello provoque variantes en la administración actual de la política y la economía. Si ello variara ­hipótesis que la inteligencia económica del mercado parece descartar­ las expectativas cambiarían radicalmente. Dado que usualmente este tipo de cambios es descontado con anticipación en la realidad ­los temores activan comportamientos anticipados a su manifestación pública­, podría suceder que el BCU y los ciudadanos se enteraran un rato más tarde de lo que estaría sucediendo en la realidad previamente a la difusión pública de una especulación que ya presupuso el advenimiento de un escenario diferente. Algo de esto podría estar siendo sugerido en las encuestas de opinión pública sobre la credibilidad política general que tiene el gobierno y su propio presidente de mantener los fundamentos económicos sin pensionarlos en demasía. Por ahora esa hipótesis no ha sido insinuada en la evaluación económica de la política.

Sin embargo, en otro círculo más amplio de opinión pública la credibilidad del gobierno y sus proyecciones sobre la economía ya no son las mismas. ¿Esta aparente divergencia entre la prospectiva de la política que tienen los ciudadanos y la que maneja la inteligencia de los inversores de riesgo es contradictoria o sugiere errores en su registración? No necesariamente.

Y eso es quizá lo más interesante para un análisis más arduo de lo que está sucediendo en la política y la interpretación de cómo se comunica el gobierno con la ciudadanía en clave de futuro. La interrogante es por qué el gobierno no logra anticipar reacciones de la opinión pública cuando ha logrado superar la incertidumbre de analistas de riesgo más exigentes. ¿Es un problema de comunicación o de unidad fundamentada de pensamiento para emitirlo?

 

La esencia del riesgo: la inflación

Volviendo atrás, todo aparece ordenado en la programación macroeconómica del gobierno como no sea eso en lo cual las expectativas de los analistas privados oscilan en el borde del programa oficial, superándolo en el último período: la capacidad que tiene el gobierno de mantener la estabilidad. A diferencia de las expectativas «económicas» de agosto, en setiembre las expectativas respecto a «inflación» descreen acerca de que el gobierno y el BCU logren ingresar en el año electoral con una inflación igual o menor a la programada. Dicho de otra manera: ahora, desde la economía se lee la política temiendo desequilibrios en el umbral de 2009. Y llegados aquí, no es demasiado difícil entender que las claves de una recomposición inteligente de la credibilidad del gobierno y su presidente pasan por cambiar las expectativas en materia de estabilidad. En esta perspectiva, el riesgo inflacionario aparece en toda su dimensión. Ya no en la simplificación de cuánto cuestan los zapallitos o si el asado del Pepe es alimento de humanos o de canes. Ahora estamos frente a una perspectiva de fractura o estabilidad política en la cual esas expectativas serán el santo y seña acerca de si de aquí en más se puede, o no, apelar a la inteligencia de la gente o a su predisposición natural a pelear por un ingreso mayor en el corto plazo. La única fisura expuesta que tiene el plan político de este gobierno bien leído es la continuidad de su incapacidad de convencernos de que la inflación es un problema central, capaz de alterar escenarios en los cuales a la razonabilidad esencial del juego democrático se le oponga la racionalidad específica y violenta, por definición, de los intereses sectoriales. Y con las disculpas de exagerar el reduccionismo en aras de una síntesis difícil: la apertura de esa fisura es igual al riesgo de una mayor confusión en el diagnóstico de la inflación y su consecuente estrategia para combatirla que tiene este gobierno en su seno, incluyendo la interna del propio equipo económico. Revertir las expectativas inflacionarias pasa por asegurar que este gobierno entiende y explique que la inflación, por definición, es un fenómeno monetario que poco tiene que ver con la cantidad de papas, carne o petróleo que tenga o no el país y mucho con lo que gastan las familias y el gobierno. *