La izquierda no se decide a dinamizar el desarrollo agropecuario con más ambición

En todo el mundo, los gobiernos intentan ejercer su capacidad reguladora sobre lo que pueden, en procura de preservar el patrimonio nacional y defender la soberanía en atención a los mandatos constitucionales y a una comprensión más o menos enterada de las reglas de juego en las cuales se dilucidaran estas obligaciones en una perspectiva de futuro. Si además de ello se le suma al diseño de las políticas públicas las propias necesidades de legitimación y diferenciación de los políticos en usufructo temporal de funciones legislativas, es necesario imaginar la aparición de variadas iniciativas capaces de generar complicaciones e incertidumbres importantes en esa zona de propiedad y uso de los medios de producción, de la tierra en este caso.

 

Visión bucólica y nacionalista de la soberanía

Hay una discusión secular y de enfoques bucólicos sobre la soberanía vinculada al riesgo de la extranjerización y el avance del capitalismo agrario. Pero ahora, lo que importa en concreto es la discusión práctica; entendida esta como la de todo aquello que obstaculice o promueva el desarrollo de los medios de producción en armonía con relaciones que aseguren bienestar y paz a futuro. Esta discusión es particularmente oportuna y necesaria en este país. Desde sus orígenes constitucionales y los entresiglos XIX y XX, este país no había avanzado tanto en su predisposición a modificar su pobreza original ensayando experiencias de transformación potente desde una visión de frontera. Desde este punto de vista todo lo que es aparentemente problemático cobra nuevas facetas y exige una apertura especial para poder afrontar las consecuencias de esa experiencia de internacionalización intensa, constante vertebral de la realidad que ha acompañado el proceso de reconstrucción institucional luego de vencida la dictadura. Es comprensible que afrontar esos temas de la propiedad y el uso de los medios de producción sea gravosa y difícil en un país dinamizado por su encuentro más intenso con un mundo que a la vez, presenta cambios de calidad y velocidad excepcionales. El problema es en que perspectiva, en qué dirección, los gobiernos colocan sus ya escasas capacidades de producir políticas aplicables y sostenibles. Una opción puede ser la protección de todo lo prestablecido en esa zona estructural, incluyendo preferentemente todo aquello que no se compadezca con esa dinámica de cambios aceptada naturalmente en ese desafío fronterizo pero negada como fuente de adaptación de las viejas relaciones de producción a escenarios muy diferentes a los aceptables por el pensamiento dominante o la cultura disponible para el cambio.

De todos los aspectos y asuntos comprendidos en esta dinamizada discusión, los de la propiedad y uso de la tierra son principales y urgentes.

En la perspectiva de mercados disponible para la producción agroindustrial sería criminal mantener las incertidumbres que afectan la conformación de los más ambiciosos proyectos de desarrollo que este país ha tenido disponible a lo largo de toda su historia.

Esos proyectos tienen incorporada obligatoriamente la idea de la asociación y fusiones de toda naturaleza con el capital y el trabajo en la escala global en la cual estos vínculos se concretan. Y esta obligación debe ser asumida como el único vínculo posible entre la protección, el desarrollo y una ambición mayor de inclusión que poco tiene que ver con la modosa consideración del punto que sigue privilegiando el asistencialismo clásico.

 

Dinámica capitalista y precio de la tierra

Un reciente e interesante estudio de DIEA/MGAP indica la dinámica creciente de transferencias cercano al millón de hectáreas anuales, con una intensidad especial en los tramos de superficie mediana (500 a1000 hás.), precios que multiplican por tres y cuatro los valores de inicio de la década, y con un grado de extranjerización importante sugerido por la distribución geográfica de las ventas, particularmente notable en el litoral oeste. Ese mapa de movilidad del capital inmobiliario es prácticamente el mapa de un nuevo desarrollo capitalista del campo uruguayo. Allí hay de todo y todo es novedoso, impactante económica y socialmente. Las viejas organizaciones politico gremiales de la ganadería clásica han perdido legitimidad. El precio de la tierra es el premio de una nueva acumulación de renta. Es también una amenaza para la indolencia y la captación de renta absoluta. Todo anda excepcionalmente bien en la forja de ese capitalismo agrario moderno. La comunidad se beneficia en varios sentidos, además de la disponibilidad excepcional de alimentos ­ver tan sólo la cantidad y calidad del principal producto producido en el campo: la carne. Una nueva productividad va conformando el país en perfiles desconocidos. El mantenimiento de las reglas de juego ha sido providencial y un costoso acierto del gobierno de la izquierda. Nadie ha osado ni osará en volver a la prohibición de la exportación de novillos en pie ni reinventar cupos de exportación, ni nadie podrá impedir que los absurdos regímenes de protección cuasi mafiosa de la granja se mantengan por mucho tiempo. Empero, este gobierno no ha logrado avanzar en el engarce de esas reglas con los instrumentos financieros a los efectos que los viejos empresarios con vocación de permanencia en el campo pudieran incorporarse a ese proceso. La prohibición del régimen de sociedades anónimas de explotación agropecuario eliminó una oportunidad para facilitar esa incorporación a empresas más hábiles para lidiar en el juego global a productores, doctores o trabajadores urbanos a través de su participación en los fondos de pensión e inversión. Doscientas hectáreas no son mucho para posibilitar formas de gestión capitalistas de una empresa en competencia. Pero dos millones de dólares es una enormidad de plata para participar en una empresa capaz de captar más renta diferencial del agro y distribuirla socialmente incluyendo la permanencia de mano de obra y gestión local muchas veces imprescindible. Por razones de organización y participación de la inversión sana la mayoría de las veces es imposible imaginar ese engarce de trabajo, propiedad parcial, mayor productividad y distribución de la renta sin vínculos entre esas sociedades anónimas a veces necesarias para administrar un simple kiosco, con los fondos de ahorro ciudadano, instrumentos de oferta pública de valores u otros instrumentos inventados para algo más que para que se escondan piratas en ellos. Estas formas encarnan las nuevas relaciones de explotación capitalista de la tierra y posibilitan el uso de instrumentos de mayor transparencia empresarial e inclusión social: entre ellos, los de la colonización moderna. *