Ahora la perspectiva de la competencia global afecta las rígidas estructuras del mercado nacional de la leche

Esas medidas tenderían a mantener, afectando los precios de mercado, la protección de que gozan las diez empresas que hasta hace poco usufructuaban el beneficio de barreras legales impuestas para el acceso de nuevos competidores en el mercado del consumo nacional de leche pasteurizada.

 

Lo nuevo

El consumo de leche por habitante en el Uruguay es uno de los más elevados del mundo 230 lts./cápita y determina la existencia de un mercado muy rentable y seguro para los abastecedores, dado que el gobierno fija los precios de la leche al productor y los precios de venta al consumo en función de una paramétrica de ajuste automático de costos. Desde 1984 ese mercado tiene acceso restringido para nuevos competidores. A partir del sábado en base a esa paramétrica se ajustó el precio de la leche a la población. Un litro de leche al público cuesta ahora $ 12, lo que supone un incremento semestral del 8,1% sobre el precio anterior. En las próximas horas se conocerá el decreto que aumenta el precio de la leche «cuota», el precio que la industria debe pagar al productor por la porción de leche que destina al consumo y que hoy es sólo el 10% de la remisión total. Ese incremento, que será plasmado en el decreto aumenta un 27% el precio de la leche «cuota» que deben pagar las empresas a sus remitentes, entre otras cosas porque ahora la paramétrica de costos del productor integra una porción del costo del financiamiento (FFAL II). El nuevo precio eleva bruscamente la cotización a los U$S 0.30 (hasta hoy U$S 0.24, conformando un precio muy cercano al promedio de los precios de mercado que se pagan actualmente por toda la remisión de leche en el país.

 

Viabilidad industrial

La viablilidad de las diez industrias que pueden vender en el mercado interno de acuerdo con la ley de 1984 comienza a resentirse fuertemente en la medida en que ya no cuentan con el subsidio implícito de un precio menor de compra, administrativamente fijado de la materia prima dado la competencia abierta y que, incluso para la porción menor de la remisión (la remunerada según cuota) se aproxima al precio promedio del mercado ante el riesgo que los productores desvíen sus ventas a mejores oferentes General Mill, Sancor, u otras empresas que comienzan a industrializar leche en el país.

La solución de financiar con recursos derivados de la exportación de subrproductos la difícil situación de las empresas hasta ahora usufructuarias del complicado marco normativo –Conaprole, Parmalat, etcétera– pudiera efectivizarse a través de una detracción o impuesto a la exportación de lácteos. Ello pudiera desalentar la competencia de los exportadores por la captación de leche disminuyendo la tensión sobre las empresas ahora afectadas por la nueva competencia. Esos impuestos no son admitidos por la OMC y crearían un desestímulo muy fuerte para la reinversión productiva en el sector. La otra alternativa sería subsidiar directamente a las industrias afectadas por la nueva competencia.

 

Protección directa al consumidor y reglas de juego soportables

Y hay una tercera alternativa que consiste en desarticular totalmente la rigidez del mercado dejando que, al igual que sucede con la carne, el trigo o las hortalizas y frutas, los precios liberados indiquen la realidad del mercado. Ello determinaría de inmediato el aumento del precio de la leche al consumo en proporciones mayores. En este caso, la alternativa más sana sería aquella en la cual el Estado, preocupado por el mantenimiento del consumo de la población, de la más cadenciada sobre todo, trasladara directamente los subsidios, ya no a las industrias, sino a la población volcando los recursos directamente a las familias a través de los planes de asistencia social utilizando al Mides y los nuevos proyectos asistenciales. Ello preservaría al Estado de nuevas y temerarias incursiones en el mercado, aventando varios riesgos encadenados. Y sería, además, una señal potente en el sentido de que el nuevo gobierno tiene una idea de cómo procesar la inclusión social en la cual quiere diferenciar su gestión sin inventar más cosas que no resisten ninguna simulación de riesgo a futuro. *