Se llevan invertidos más de U$S 27 millones en la integración de uruguayos que viven en asentamientos

Es una de las caras más elocuentes de los yerros cometidos en el pasado económico reciente de los uruguayos y uno de los mayores desafíos de la actual administración y de las venideras. Dadas las complejas causas que lo determinan y la inercia de estos procesos, se requerirán ingentes esfuerzos no sólo para remediar sino para prevenir que las circunstancias que lo generan no se sigan reproduciendo. El proceso de exclusión social tiene su correlato geográfico en la expulsión de aquellos que no pueden acceder a una vivienda en el mercado y deben desarrollar otras estrategias vitales para garantizarse el derecho a la misma. En los últimos dos años la inversión acumulada del Programa Integración Asentamientos Irregulares (PIAI) superó los 27 millones de dólares, que se distribuyen en 25 asentamientos en etapa de elaboración de proyectos, 16 en ejecución de obras y 12 terminados, que abarcan a una población de 30.594 personas, 8.389 hogares y 7.519 lotes.

Hasta el presente se construyeron 1.313 realojos en 69 asentamientos, 34 de los cuales están ubicados en Montevideo.

Durante la presente administración se viene fortaleciendo la articulación de políticas con otros organismos, para reducir la pobreza urbana y mejorar las condiciones de vida de la población. En tal sentido se han firmado convenios para la capacitación laboral y de distintos emprendimientos productivos, en Montevideo, Canelones, Maldonado, Artigas y Rivera, que obtuvieron financiación por parte de OPP, generando nuevos empleos.

Se consolidó el trabajo social a través del involucramiento de la población por la autoconstrucción y la gestión de diferentes servicios sociales demandados por la comunidad.

En la planificación se priorizan el equipamiento para la atención a la infancia y juventud, además de la construcción de policlínicas, salones de usos múltiples, espacios públicos y deportivos.

En materia de prevención de asentamientos el PIAI firmó un total de 169 contratos de alquiler de población de bajos recursos y más de 900 inscriptos para acceder al Fondo de Garantía de Alquiler. *